La consejera Cristina Mamani denunció ayer que vocales judiciales protegen a jueces. Se refirió así al caso de un juez de Potosí que fue destituido, tras ser sorprendido cuando consumía alcohol en su oficina, y que retomó su función por un amparo a su favor.
“Lamento profundamente que estos señores vocales tengan que proteger a malos funcionarios”, expresó Mamani y añadió que sin ningún fundamento jurídico, con argumentos fuera de la realidad, los vocales de Potosí favorecieron al juez con un amparo que interpuso.
En febrero, cuando se celebraba la fiesta de los compadres en la ciudad de Potosí, un canal de televisión filmó a diferentes jueces en pleno consumo de bebidas alcohólicas en una oficina. A raíz de ese hecho, el juez disciplinario abrió un proceso en contra del titular del juzgado en el que se cometió el acto de indisciplina y ordenó su inmediata destitución del órgano judicial.
Ese mismo fallo fue ratificado por los miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, la determinación fue revocada por vocales del departamento de Potosí que le dieron la razón al juez, que ganó un amparo con el argumento de que no se respetaron sus derechos constitucionales.
Mamani dijo que, pese a que existen grabaciones y que además el juez C.A.S. admitió haber consumido alcohol en sus oficinas, sale beneficiado con un fallo. “Es preocupante esta cadena de protección de vocales”, sostuvo.
Además, Mamani denunció el favorecimiento a un juez agroambiental por parte de algunos vocales del departamento de Chuquisaca. A ese funcionario, de iniciales J.E.C.G., se lo sancionó con un mes de suspensión de su trabajo y sin goce de haberes, pero después se revirtió su sanción gracias a una acción jurídica que salió a su favor.
Este diario conoció que el motivo de la suspensión de funciones del juez se debió a un caso de retardación de justicia. Esa autoridad jurisdiccional tardó 14 meses en emitir un mandamiento de desapoderamiento de una propiedad en litigio.
Según datos del Consejo, al primer semestre de este año, los 21 juzgados disciplinarios del país atendieron 1.506 denuncias en contra de funcionarios judiciales.
