La Comisión de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado aprobó un informe por el cual dispone que cinco exautoridades judiciales de Bolivia sean investigadas por delitos en el ejercicio de sus funciones, toda vez que ese órgano había determinado el archivo de obrados al considerar que los acusados ya no son funcionarios.
De acuerdo con la información brindada por la diputada Lourdes Millares, de Unidad Demócrata (UD), los acusados son el exfiscal general Mario Uribe, la expresidenta del Tribunal Constitucional Silvia Salame, el exconsejero de la Judicatura Rodolfo Mérida, además de los ministros de la desaparecida Corte Suprema de Justicia José Luis Baptista y Ángel Irusta.
En el caso de Salame, la denuncia fue planteada por el exviceministro Wilfredo Chávez debido a un fallo que emitió como magistrada del Tribunal Constitucional vinculado a una demanda que planteó el exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa por el referéndum revocatorio de 2008.
El segundo caso fue abierto a denuncia de Luis Gualberto Castillo, Celestino Cruz y Flora Quispe Ticona en contra de Bautista, Irusta, Mérida y Uribe, por los delitos de uso indebido de influencias. La denuncia está vinculada a una resolución que emitieron esas autoridades referente al caso Porvenir y al juicio de privilegio del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, ahora en prisión.
El tercer el hecho surgió a denuncia de la exviceministra de Transparencia Nardi Suxo contra el exfiscal Uribe, quien rechazó una denuncia relacionada con el exprefecto de Beni Ernesto Suárez, quien, supuestamente, designó a su esposa en un cargo público.
Millares dijo que ahora el presidente de la Asamblea, Álvaro García, debe convocar a una sesión para la aprobación del informe. Señaló que el oficialismo utilizará su mayoría para que las exautoridades sean investigadas por el Ministerio Público.
