La Cámara de Diputados de Brasil aprobó hoy en segunda instancia una nueva Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) a favor de la reducción de la edad de responsabilidad penal para los delitos graves.
En una votación que se extendió hasta bien entrada anoche, 320 diputados votaron a favor de la propuesta, 152 se mostraron contrarios y uno se abstuvo.
Una vez aprobada por la Cámara baja, el siguiente paso del proceso para la aprobación de esta enmienda constitucional es su votación en el Senado.
Esta propuesta promueve la reducción de la mayoridad penal, de los 18 a los 16 años, para los «crímenes hediondos» (graves), entre los que están la violación, el secuestro, el robo seguido de muerte y el homicidio cualificado, además del homicidio intencional y la lesión corporal seguida de muerte.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta, Dilma Rousseff, y otras fuerzas de izquierda votaron en contra de la medida con el argumento de que modificar la edad de responsabilidad penal no reducirá las tasas de inseguridad y violencia en el país.
Sin embargo, esta medida cuenta con el respaldo del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien pese a ser miembro del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la formación mayoritaria en la coalición de Gobierno, ha declarado su postura personal de oposición al Ejecutivo.
Cunha es uno de los políticos investigados a raíz del gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y hoy, antes de la votación de la PEC, descartó que vaya a renunciar a la Presidencia de la Cámara de Diputados como piden sus detractores.
A principios de julio, Cunha logró la aprobación de la PEC en primera instancia de forma polémica al colocar este proyecto en la pauta de votaciones por segunda vez en menos de 24 horas, después de no haber conseguido sacar adelante una primera propuesta y conseguirlo luego con algunas modificaciones en el texto original.
A diferencia de la propuesta original, fueron excluidos en la nueva iniciativa los crímenes de terrorismo, lesión corporal y tráfico de drogas, y se anexó que los menores entre 16 y 18 años juzgados como adultos pasen a cumplir sus penas en centros de reclusión diferentes de las actuales cárceles.
Pese a que se han pronunciado en contra de la medida importantes organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unicef, los sondeos indican que la mayoría de la población aprueba la enmienda.
La actual legislación dicta que la reclusión de menores en reformatorios tenga un máximo de tres años y los legisladores oficialistas contrarios a la PEC aprobada proponen que ese período podría aumentarse hasta entre ocho y diez años sin tener que reducir la edad de responsabilidad penal.
