Ante las amenazas que recibió en Medellín el periodista radial y columnista colombiano Pascual Gaviria, denunciadas por él mismo el pasado fin de semana, distintas entidades en el país rechazaron las intimidaciones y pidieron aumentar su seguridad.
«Al expresar su enfático rechazo frente a las amenazas de que fue objeto el periodista Pascual Gaviria (…), la Defensoría del Pueblo solicitó medidas integrales de seguridad en su favor», dijo en un comunicado la entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos.
Gaviria, abogado, columnista del diario de circulación nacional El Espectador y periodista de Caracol Radio, reveló el pasado fin de semana en uno de sus editoriales que había recibido una intimidación vía telefónica, que relacionó con «algunos temas sensibles en el ambiente electoral» de Medellín, segunda ciudad de Colombia, donde reside.
«Resultan muy graves las advertencias de Gaviria sobre la presunta participación de sectores políticos» en esas amenazas, advirtió la Defensoría, que instó a las autoridades a «identificar plenamente a los autores materiales e intelectuales de las mismas».
El próximo 25 de octubre unos 33 millones de colombianos están llamados a las urnas para escoger a gobernadores y diputados departamentales y a alcaldes y concejales municipales, de entre 113.426 candidatos postulados.
Recientemente, la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) había presentado como principal obstáculo para el desarrollo de estos comicios, la corrupción y la violencia asociada a la misma, especialmente dirigida contra periodistas.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), rechazó igualmente las intimidaciones y alertó que tras estos hechos, «en Medellín el riesgo electoral por agresiones a la prensa es extremo».
Según un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) publicado en 2013, 41 reporteros han sido asesinados desde 1992 en Colombia, quinto país del mundo en cuanto a impunidad en casos de muerte de periodistas.
