El Ministerio Público presentó este martes la acusación formal contra la exministra de Salud del gobierno transitorio, Eidy Roca, y seis exfuncionarios de esa cartera de Estado por la compra “irregular” de 324 respiradores chinos durante la pandemia del COVID-19. El representante legal de la empresa también está acusado.
El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos, informó que esta adquisición causó una afectación económica al Estado de más de $us 10 millones, por lo que, en juicio oral, solicitará la pena máxima para los acusados.
“A partir de la investigación que se ha desarrollado se tiene como daño económico al Estado en un monto mayor a los 10 millones de dólares, los cuales se pretende, luego de establecer la responsabilidad penal, recuperarlos a partir del proceso de reparación de daño”, explicó el fiscal.
La lista de acusados está encabezada por la exministra Eydi Roca Justiniano, le sigue el exviceministro de Salud Elías Ramón Cordero; el exasesor jurídico Jorge Sánchez Caero; la exdirectora de Servicios Generales Graciela Minaya; el exjefe de la Unidad de Redes y Servicios de Salud Juan Carlos Arraya.
También el exjefe de Unidad Financiera Marco Antonio Peñaranda Inchauste, la exconsultora del Ministerio de Salud Vania Vargas; y el representante legal de la empresa AGEM, Eduardo Díaz Pizarro.
Los ocho exfuncionarios enfrentarán cargos por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud.
También puede leer: Aprobaron acción de libertad para la exministra de salud Eidy Roca
El Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada en 38 pruebas testificales y 53 documentales, colectadas durante la etapa preparatoria.
AUDITORÍA
Entre ellas, el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los ventiladores pulmonares, informes técnicos que revelan que los mismos no contaban con las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor
Según un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico que los ventiladores pulmonares se identificó que no eran ni son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos de COVID-19, entre otras.
Barrientos explicó que, a pesar de tener conocimiento de este antecedente, se suscribió una segunda enmienda al contrato de adquisición, el cual no aceleraba el periodo de entrega, ni reducía el valor del contrato o mejoraba la calidad, eficiencia o sostenibilidad de los equipos, ni ningún otro beneficio para el Estado; al contrario, se continuó con la adquisición de los respiradores que no cumplían los requerimientos técnicos.
“De acuerdo a las pruebas presentadas en la acusación, los respiradores adquiridos en el primer semestre del año 2020, no solo no cumplían con las especificaciones técnicas, sino que además hay un presunto sobreprecio, ya que fueron adquiridos por un precio unitario de 30.000 dólares, cuando su costo en el mercado no pasaba los 8.900”, dijo Barrientos.
Explicó que, cuando los respiradores fueron distribuidos a los hospitales del país, los médicos denunciaron que los equipos no funcionaban y, aquellos que sí, provocaban daños a los pacientes al cambiar el nivel de oxígeno, lo que generó traumas de orden torácico.
Actualmente, los respiradores se encuentran en diferentes nosocomios, pero no cumplen con la finalidad con las que se los adquirió; una mayoría están en depósitos, sin uso.
