En los últimos siete años, la Justicia de Paraguay sentenció a 17 ciudadanos de esa nacionalidad por trata y tráfico de jóvenes hacia Bolivia, según un reporte de la Unidad Especializada de Trata de Personas y Explotación Sexual Infantil de ese país.
“De 2008 en adelante se registraron 17 sentencias a paraguayos, nosotros estamos persiguiendo aquí a los captadores, a los que trasladan a las chicas a Bolivia. Son personas individuales que están vinculadas a los dueños de locales nocturnos de Bolivia, porque el dinero viene de ahí”, informa desde Asunción la fiscal Teresa Martínez, responsable de esa unidad.
La autoridad dice que identificó a cinco ciudadanos bolivianos que son los que reclutan mujeres y que remitieron dicha información a las autoridades bolivianas para que tomen acciones.
En Paraguay, país que no tiene un control migratorio en la frontera con Bolivia, se vienen realizando investigaciones exhaustivas en la localidad Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, que está a unos 180 kilómetros de la frontera, en el departamento Central, en Asunción, y en algunos casos en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
“En agosto tuvimos un caso en Salto del Guairá, en la frontera con Brasil. Vinieron ciudadanos bolivianos a llevarse menores sin autorización de sus padres para ir, supuestamente, a trabajar en promociones. Pudimos detener a las chicas antes de que salgan del país, pero a los bolivianos no se les pudo aprehender”, agrega Martínez.
Según la fiscal, este hecho se suscitó semanas previas a la realización de la Fexpocruz 2015, en Santa Cruz de la Sierra, evento para el que “llevan gran cantidad de jóvenes paraguayas con el pretexto de que trabajarán en promoción y ventas”.
Sentencias. De acuerdo con el diagnóstico del Plan Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas 2015-2019 del Ministerio de Justicia y que está en ejecución, en el país se emitieron solo 11 sentencias condenatorias, aunque éstas no están vinculadas con la trata y tráfico de ciudadanas extranjeras. De esa cantidad, cuatro se emitieron en la jurisdicción de Cochabamba, tres en Tarija, dos en La Paz, mientras que en Potosí y Beni se expidieron una en cada uno.
Casos que llegan a la Fiscalía
País
El Ministerio Público atendió 1.340 denuncias de trata y tráfico de personas desde la promulgación de la Ley Integral contra la Trata de Personas, que rige desde el 31 de julio de 2012. De acuerdo con la información de la Fiscalía General, en 2014 se recibieron 812 casos, mientras que entre las gestiones 2012 y 2013 fueron 312 y 216, respectivamente. El número de víctimas asciende a 1.202.
17 países participarán de congreso antitrata
La ciudad de La Paz será sede del IV Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, denominado “Trata laboral, violencia sexual comercial y explotación sexual de adultos”, que se celebrará del miércoles 14 al viernes 16 de este mes. Participarán representantes de 17 países.
La Universidad Mayor de San Andrés, a través del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (Observalatrata), organiza este evento, que tiene por objeto generar espacios de diálogo, socialización e intercambio de experiencias, prácticas e investigaciones para el desarrollo de propuestas de acción integral frente a ambos delitos.
Además de Bolivia, país anfitrión, confirmaron su participación: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay, Brasil, Honduras, Guatemala y Paraguay.
Temas. “Entre los principales temas figuran las rutas migratorias internas e internacionales de la trata laboral; la migración y el tráfico ilícito de personas; la explotación sexual de niños, adolescentes y también adultos, entre otras cosas”, explica Raquel Romero, responsable de Comunicación del IV Congreso Latinoamericano.
También se tiene previsto que los participantes analicen los mecanismos de prevención en poblaciones estudiantiles; la legislación, políticas públicas y derechos humanos en el contexto de la trata y tráfico de personas, entre otros.
En 2013, Bogotá, Colombia, fue la sede del III Congreso Latinoamericano en el que se reconoció estos dos delitos como una gravísima violación de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad e integridad física de las personas.
En ese evento se puso en primera línea a las víctimas, dejando de lado el enfoque clásico de seguridad que priorizaba la lucha contra el crimen organizado transnacional. Quienes deseen participar deberán pagar Bs 100, mientras que los universitarios deben abonar solo Bs 40.
