La Gobernación de Santa Cruz abrió otra pulseta por la sentencia 0076/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que anula varios artículos de la Ley Departamental 98, entre los cuales está la potestad de las gobernaciones para la creación de áreas de conservación.
El fallo emitido en agosto fue notificado un mes después. El caso fue activado en 2017 contra la Ley de Conservación de Patrimonio Natural del Departamento de Santa Cruz, de 2015. Se planteó un conflicto de competencias con el nivel central en temas de tierra y territorio.
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El TCP estableció que el patrimonio natural es una responsabilidad y una atribución exclusivas del Estado, por ende del nivel central; de acuerdo con el artículo 346 de la Constitución Política, con lo cual las gobernaciones no tienen tuición para la administración, creación o declaración de unidades de conservación; áreas protegidas o patrimonios naturales en su territorio.
“Llamamos a la sociedad cruceña a unificarse, más allá de los colores políticos; en esta cruzada contra el centralismo y para proteger la naturaleza, el agua y el medioambiente en Santa Cruz”, señala la carta del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, desde la cárcel de Chonchocoro.
Camacho
La misiva fue leída por el asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, quien indicó que esta sentencia “es muy conveniente para los intereses del Gobierno nacional”; ya que abre plenamente las puertas para la construcción de la carretera Las Cruces-Buena Vista.
Esta obra provocó conflicto regional, ya que, según la Gobernación, el tramo II afectaría los acuíferos que son sostén del área metropolitana y que se encuentran en la Unidad de Conservación Güendá Urubó; más aún, indicó que en el tramo III hay tráfico de tierras.
Luego de bloqueos impulsados por pobladores de Buena Vista que apoyan la carretera, se determinó la realización de un estudio internacional. Éste definirá el trazo y que tenga como principal misión la preservación del medio ambiente en esa zona del departamento cruceño.
Pese al respaldo a esta salida, la Gobernación cruceña ahora se agarra del fallo con la intención de activar otro punto conflictivo. En su carta, Camacho señala que el dictamen del TCP va en contra de la autonomía departamental y la misión de conservar el medio ambiente.
“Se trata de la defensa del territorio cruceño, porque no va a pasar mucho tiempo para que suceda lo mismo que está pasando en el occidente del país; donde se registra escasez de agua”, complementó Suárez, al leer la misiva del gobernador encerrado en La Paz por el caso Golpe I.
