La Procuraduría General del Estado emitió el viernes el dictamen general 02/2015, que obliga a todas las unidades jurídicas dependientes del Estado, incorporar cinco nuevas «conductas» en los contratos que se firmen en adelante, para la construcción de obras o prestación de servicios, confirmaron fuentes oficiales.
En una conferencia de prensa, el procurador general del Estado, Héctor Arce, dijo que la medida se implementó después de hacer un profundo análisis de la situación jurídica en algunas unidades estatales, que derivaron en irregularidades contractuales, como en el ex Fondo Indígena.
«Todos los abogados del Estado deberán, a partir de la fecha, cumplir las siguientes conductas que provienen de un dictamen general que tiene efecto vinculante y del cual sólo pueden apartarse por razones justificadas y fundadas jurídicamente», remarcó.
Según Arce, la primera disposición del dictamen establece que las unidades jurídicas estatales deben verificar que el contratista «pueda cumplir materialmente las obligaciones contraídas» en los procesos de adjudicación de una obra o en la prestación de algún servicio.
«Se han visto que hay empresas que no tienen la capacidad para cumplir una obra grande. Por lo tanto, acá hay una responsabilidad que se está indilgando, que tiene que cumplir el abogado», agregó.
Por otro lado, sostuvo que el dictamen también establece que las unidades jurídicas deben introducir «las clausulas necesarias» que garanticen la ejecución del contrato.
«Hemos visto que en muchos contratos no se cumplen los plazos ni las condiciones, entonces, es responsabilidad de las unidades jurídicas introducir las clausulas necesarias», añadió.
Agregó que un tercer aspecto de la norma señala que las unidades jurídicas tienen la obligación de hacer el seguimiento a la ejecución contractual, en cuanto al cumplimiento de plazos y condiciones.
Además, apuntó que ante la identificación de irregularidades o ilícitos, las unidades jurídicas deben promover «las acciones necesarias para que a través del informe motivado se recomiende a la máxima autoridad ejecutiva si corresponde la resolución del contrato administrativo y la correspondiente ejecución de las boletas o pólizas de garantía».
Finalmente, sostuvo que ante la denuncia en materia penal sobre el conocimiento de los ilícitos, las unidades jurídicas estatales tienen que iniciar el proceso penal de las personas involucradas hasta su conclusión.
