Los tres volúmenes escritos que empleó Chile en argumentar su ya rechazada objeción preliminar de competencia ocupó 1.158 páginas. La respuesta escrita boliviana a dicha objeción fue redactada en 30. Con base en esta fase preliminar escrita, más la posterior oral, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), situada en La Haya, rechazó cada uno de sus argumentos chilenos y desestimó su recurso.
Carlos Mesa dijo al respecto que Chile había puesto toda su artillería argumental en su objeción, bajo la presunción de que los jueces les serían favorables. Eso no sucedió.
Ahora Chile debe argumentar únicamente con relación al objeto claramente delimitado por la Corte, es decir que sus nuevos razonamientos deberán dirigirse a lo que se juzgará, a saber: si Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar y, de ser así, si Chile incumplió tal obligación.
Es así que Santiago deberá contraargumentar en razón de lo que Bolivia sostiene basada en la teoría de los actos unilaterales de los Estados. Es difícil indagar sobre las posibilidades argumentativas que tiene; sin embargo, una cosa es cierta, la defensa chilena no podrá más invocar el Tratado de 1904 y su inmutabilidad por una razón: la Corte dijo que la demanda boliviana no guarda relación con dicho pacto bilateral.
La internacionalista Karen Longaric, desde un análisis académico, habla de una posible salida de Chile. Se trataría de que Santiago intente poner en duda que los hechos presentados por Bolivia como actos unilaterales vinculantes de Chile se acomoden a esta noción stricto sensu.
A esa posible argumentación, Bolivia solventa la naturaleza en sus documentos escritos, de modo que los compromisos de Chile entran en la categoría de acto unilateral. Por lo demás, La Moneda reforzó su campaña comunicacional y se apresta a posicionar una idea: que Chile da a Bolivia un amplio acceso al mar. Llama la atención que esta idea es periférica al objeto del juicio.
El editor
