Perú extraditó a Estados Unidos a Jorge Chávez Montoya, exlugarteniente del poderoso empresario peruano Fernando Zevallos a quien Washington consideró en 2005 uno de los máximos capos del narcotráfico internacional, informó este viernes la prensa limeña.
Chávez Montoya, conocido por el apelativo de «Polaco», fue embarcado el jueves en un avión rumbo a Miami por agentes de Interpol que lo detuvieron apenas salió de una prisión en Lima donde cumplió ese día una condena de 15 años por delito de narcotráfico, según imágenes de una televisora local.
«No, me voy a jugar pelota» respondió irónico Chávez a un periodista que le preguntó si estaba siendo extraditado, cuando lo abordó en los pasillos del aeropuerto internacional de Lima enmarrocado y escoltado por agentes policiales.
El arresto y extradición se realizó en cumplimiento de una resolución de la Corte Suprema de Justicia del Perú que había aprobado la extradición en 2002, al acoger un pedido de un juzgado de Miami, de 1996, luego que Chávez huyera de Estados Unidos donde era procesado en libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Chávez estaba siendo procesado en Miami tras ser detenido el 5 de junio de 1995 con cinco kilos de cocaína. El diario limeño La República recordó que la extradición de Chávez «es uno de los contados casos solicitados por el gobierno de Estados Unidos, y que han sido aprobados por el Perú».
El «Polaco» había salido en libertad tras cumplir una condena de 15 años y había sido procesado por los delitos de importación, conspiración para importar, conspiración para poseer y posesión de cocaína.
En la década de 1990 y a principios de la década de 2000, Chávez cobró notoriedad al ser sindicado por la policía como brazo derecho y jefe de los sicarios que operaban a la orden del empresario de aviación Fernando Zevallos.
Zevallos, quien fundó la compañía AeroContinente, fue condenado en 2005 a 25 años de prisión por narcotráfico. Su caída en desgracia ocurrió luego que Estados Unidos lo incluyó en la relación de criminales más buscado por la justicia de ese país, conocida como ‘Kingpin Act’.
