Una vez promulgada la Ley de Convocatoria a Referéndum para la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, se inicia oficialmente el periodo de campaña electoral en espacios y actos públicos. La buena noticia es que para la realización de esta campaña ya no es necesario el requisito de registro de las organizaciones ante el organismo electoral, lo que restringía derechos constitucionales de la ciudadanía.
Un tema complejo es la delgada línea que existe entre campaña electoral y actos de gestión pública. Si bien la norma establece la prohibición expresa para los funcionarios públicos de realizar campaña en horarios de oficina y/o utilizando recursos públicos, no hay claridad respecto a la posibilidad de que la gestión de gobierno, en especial la entrega de obras, sea utilizada para inducir el voto por una de las opciones en consulta.
Esta delgada línea se aplica no solo al gobierno del nivel central, sino también a los gobiernos autónomos. Y puede extenderse a todas las entidades y empresas del Estado. Por ello serán fundamentales, por un lado, las disposiciones reglamentarias del Tribunal Supremo Electoral y, por otro, el compromiso de las autoridades electas para no mezclar gestión de gobierno con campaña y propaganda electoral. Corre cuenta regresiva para la votación del 21 de febrero.
