La aplicación de la modificación del RC-IVA, que dispone que los trabajadores que ganen más de Bs 5.691 presenten facturas para el descargo respectivo, está sujeta a la negociación con la COB. El ente matriz rechaza esta disposición.
Consultado sobre los motivos de la suspensión de la aplicación de esta norma, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, explicó ayer que la decisión se debe a que están negociando la normativa con la Central Obrera Boliviana (COB).
“Estamos negociando con la COB porque ellos no quieren que se baje de dos (los salarios mínimos nacionales) y quieren otro sistema, y estamos discutiendo con la organización”, dijo.
Arce informó que el miércoles sostuvo una reunión con la COB para tratar esta temática. “Entonces, hasta que no tengamos un acuerdo ahí (sobre la norma) no vamos a emitir ninguna reglamentación”, puntualizó.
El martes, la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, afirmó que el Gobierno dejó en suspenso la aplicación de la normativa que establece que los trabajadores que ganen más de Bs 5.691 deben presentar facturas para descargar el RC-IVA con el propósito de evitar el descuento del 13% de su sueldo neto. Hoy, los que ganan menos de cuatro salarios mínimos están liberados de cumplir con dicho impuesto.
El Decreto Supremo 2491, aprobado el 19 de agosto de este año, disminuye de cuatro a tres salarios mínimos nacionales el monto para que las personas presenten sus notas fiscales. Arce recordó que la norma establece que “la disposición entrará en vigencia el 1 de enero de 2016”, pero no se aplicará. “Esto justamente para darnos el tiempo necesario y discutir con los compañeros de la COB”.
Desacuerdo. El ministro confirmó que la organización sindical rechaza la aplicación del decreto, aunque dijo que está consciente del propósito de la disposición. La viceministra Susana Ríos manifestó el martes que la modificación de la normativa es una “medida administrativa” que mejora la recaudación “pero no por el trabajador, sino por la empresa formal” y que “en ningún caso se trata de un impuestazo o un impuesto al salario”.
Arce ratificó que la aplicación de la normativa no se trata de ningún “impuesto al salario”. “Todo esto es parte de una campaña de la gente que está apostando por el No en el referéndum de febrero (para habilitar la repostulación del presidente Evo Morales) y por ello se inventan cosas, y eso no nos extraña”.
