Al menos el 8% de los efectivos de la Policía Boliviana son procesados por la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi). Según el Ministerio de Gobierno, en el país hay aproximadamente 37.000 efectivos, de los que 3.000 (8,1%) enfrentan causas por diferentes faltas.
La acumulación de procesos internos fue revelada en 2014 por el entonces director de la Digipi, coronel Iván Cariaga, ahora subcomandante de la institución, quien dijo que existían unas 4.500 causas en esa instancia, todas en contra de jefes, oficiales y personal subalterno.
Según una fuente de la Digipi, que pidió la reserva de su identidad, en esta dirección actualmente hay 3.000 causas en contra de policías que datan de hace varios años y que no fueron resueltas debido a que, al parecer, están paralizadas.
Irregular. Esta misma fuente detalló que hay coroneles procesados, aunque la gran mayoría son efectivos de baja graduación acusados de no presentarse en sus fuentes de trabajo, llegar tarde a su servicio o asistir en estado de ebriedad, entre otros ilícitos tipificados en la Ley 101.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, no pudo precisar el número exacto de procesados que existe hoy en esa instancia policial, pero admitió que hay muchas causas postergadas por diferentes motivos, entre ellos la paralización de la aplicación de la Ley 101 en 2012.
“En la Digipi tenemos varios procesos acumulados de años atrás, entonces es posible (que hayan esos 3.000 procesos), ya que un tiempo largo no se aplicó la Ley 101, que quedó en suspenso mientras se trabajaba una nueva normativa”, declaró Romero a La Razón. Añadió que la citada norma fue útil para procesar al personal policial, debido a que no existía un procedimiento para sancionar a aquéllos que cometían infracciones.
El 17 de septiembre, esta autoridad gubernamental indicó que en la Digipi cursan al menos 4.000 causas contra policías en proceso de resolución, en diferente situación. La aplicación de la Ley 101 quedó paralizada en junio de 2012, tras un motín de efectivos de bajo rango, previo pacto con el Gobierno.
La revuelta comenzó el 18 de junio de 2012, cuando esposas de policías iniciaron una huelga de hambre para exigir mejores sueldos y la anulación de la Ley 101, que establece un régimen disciplinario. Por ello, se movilizaron los efectivos de baja graduación en todo el país, realizaron protestas en las calles y tomaron cuarteles policiales en Cochabamba y La Paz. Después de tres días de conflicto, el Gobierno y los representantes de los uniformados llegaron a un acuerdo de 10 puntos, entre ellos, por ejemplo, el incremento de Bs 100 a su salario.
El expresidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), sargento Javier Quispe, denunció que en la Digipi no se procesa de la misma forma a los oficiales, ya que a ellos se les da preferencia en sus casos, los cuales no prosperan o avanzan. Este hecho, en su criterio, sería de conocimiento del Gobierno, que tampoco haría nada al respecto.
“Un proceso duro no se da con los oficiales, como coroneles, que al parecer no son procesados con la Ley 101. Existen más de 5.000 casos en la Digipi y en esta instancia se enjuicia de diferente manera a los policías subalternos, ya que ahí somos procesados con mano más dura”, sostuvo Quispe. Según su posición, de unos 5.000 procesados, hay aproximadamente 500 oficiales que tienen sumarios desde hace varios años, pero éstos no avanzan ni prosperan en los tribunales internos.
También denunció que se reactivó la Ley 101 para procesar a los uniformados de la tropa que alienten algún reclamo para su sector, pues lo califican como “causa política”, a fin de acallar a la clase subalterna.
Para Quispe, una muestra de la desigualdad en los procesos es la denuncia que Anssclapol presentó contra un oficial que cometió abusos en contra de un sargento, al punto de “raparle el cabello”. Ese sumario hasta la fecha no recibió ninguna sanción. Es más, el agresor ya ascendió hasta el grado de coronel sin ninguna observación, añadió.
En el Ministerio de Gobierno informaron que los casos acumulados en la Digipi son revisados con el fin de concluirlos, sin embargo, no pudieron precisar la cantidad exacta de causas que tienen dilación. Se indicó que la Digipi ya resolvió 1.510 casos en todo el país, de los cuales solo 230 (15%) fueron absueltos, el resto fue sancionado de acuerdo con la falta cometida, en aplicación de la norma. En el Gobierno informaron que aún continúa el trabajo de depuración de casos rezagados.
Normativa y el motín en 2012
Motivo
Una de las causas que desató el motín policial de junio de 2012 fue la promulgación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, la cual, actualmente, aún es rechazada por los efectivos de baja graduación.
Proceso
La norma aún no fue abrogada y reemplazada por el proyecto que se elaboró en la Anssclapol. Este pacto era un compromiso entre el Gobierno y delegados de efectivos.
Proyectan ley para resolver procesos
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que se redactó un anteproyecto de ley para que cuando sea aprobado se dé celeridad a los procesos contra efectivos que están acumulados en la Dirección General de Investigación Interna Policial (Digipi). Según informes de esa instancia, hay al menos 3.000 procesos en contra de uniformados de la Policía Boliviana por indisciplina y otras faltas cometidas, que no pueden ser resueltos desde hace varios años.
“Se trabajó en ese problema, hay una propuesta, pero aún está en proceso de consulta, ya que existe un trabajo elaborado y todavía se socializa. Seguramente en la nueva ley de la Policía Boliviana vamos a prever algunas medidas de liquidación de causas pendientes en la Digipi”, dijo Romero.
Agregó que esta normativa aún es analizada por las mismas instancias del Ministerio de Gobierno y la entidad del orden, con el fin de que haya consenso.
Romero adelantó que la normativa también incorporará nuevos elementos que deberán aplicarse en la carrera policial. En octubre, la autoridad gubernamental informó que la reforma de las normas policiales se dará en la Cumbre Judicial, que aún no tiene fecha de realización.
Sin embargo, Romero aseguró el mismo mes que ya existe una normativa interna que les permite agilizar el trámite o un proceso de baja a efectivos que cometieron delitos comunes o fueron sorprendidos en un acto ilegal, todo sin vulnerar el derecho a la defensa que tiene cada persona, aunque al final deban ser sancionados por manchar la imagen de la institución verde olivo.
