Más de 80 fiscales e igual número de personal subalterno, entre asistentes, auxiliares y médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), fueron destituidos de sus cargos en el último tiempo por malos tratos, retardación de justicia y corrupción, informó el fiscal General, Ramiro Guerrero.
“Desde el Ministerio Público siempre hemos asumido una línea política institucional de transparencia. Hemos destituido a más de 80 fiscales en este tiempo y una cantidad similar de asistentes, auxiliares, médicos forenses que tenían una serie de irregularidades desde malos tratos, retardación, incumplimiento en sus plazos hasta temas de corrupción”, afirmó.
Guerrero recordó que solo en marzo fueron alejados de sus funciones 25 servidores de la Fiscalía de La Paz como resultado de una intervención por múltiples denuncias. En julio fue tomada similar decisión en Cochabamba y la semana pasada en Oruro, sostuvo.
Las declaraciones de Guerrero se dan un día después de la publicación de una filmación donde se observa al juez anticorrupción Marcelo Barrientos supuestamente en un hecho de extorsión a la madre de un acusado de violación. Se negoció un monto de $us 15 mil, monto que bajó a $us 3 mil, según las imágenes y audio del material.
“Es algo que indigna, una vergüenza que gente que está para brindar seguridad y justicia esté en este tipo de situaciones. Todos los operadores de justicia nos sentimos muy mal, muy indignados (…). Ayer recibimos la denuncia de Transparencia y se ha ordenado de inmediato la apertura del caso”, aseguró en una entrevista en la estatal Patria Nueva.
El Consejo de la Magistratura destituyó hoy a los jueces Barrientos y Humberto Vizcarra como consecuencia del video hecho público esta semana. El fiscal Augusto Marín es mencionado en la conversación y fue destituido, aunque por otro caso de corrupción.
También fue alejada de sus funciones la fiscal de Santa Cruz Litzy Torrico, por supuestamente cobrar 1.000 dólares para favorecer en un caso.
Guerrero apuntó a la formación universitaria como escenario para la erradicación la corrupción en el sistema judicial. “Los que imparten justicia deberían dar la certeza de que esos casos van a ser investigados o que se va a hacer justicia y no dejar, como ahora, a la inseguridad. Pasa por una mejor selección de jueces y fiscales, y mecanismos de control constante”, planteó.
