La Gobernación de Santa Cruz remitió a la Asamblea Legislativa Departamental tres proyectos de ley referente a la conservación del medio ambiente.
El asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, informó que estos proyectos de ley buscan que se garantice la vigencia de protección y conservación de las Unidades de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN).
“Como ejecutivo departamental estamos presentando ante la Asamblea Legislativa Departamental tres proyectos de ley elaborados a partir de competencias exclusivas que ostenta el Gobierno Autónomo de Santa Cruz”, indicó Suárez el martes.
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El primer proyecto, de promoción y conservación del Patrimonio natural del departamento de Santa Cruz, busca delimitar un marco jurídico para la conservación del patrimonio natural departamental promoviendo el turismo y el desarrollo sostenible del departamento de Santa Cruz.
El segundo, ley departamental del plan de uso de suelos, desarrolla la competencia exclusiva departamental para la elaboración y ejecución de planes de uso de suelo en el departamento cruceño.
El último, de ordenamiento territorial de Santa Cruz, establece la creación de instrumentos técnicos de planificación obligatoria para el ordenamiento territorial, asentamientos humanos y toda actividad que involucre la utilización del suelo en la jurisdicción departamental.
Desde la oposición en el legislativo departamental, el asambleísta Hugo Valverde (MAS) dijo que se analizará si los proyectos de ley están enmarcados en lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE).
“Nos parece que el uso de suelos de conservación y de proteger son competencia del gobierno departamental, pero que de ninguna forma se puede legislar en contravención de lo que manda la Constitución”, sostuvo Valverde.
La semana pasada se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió en agosto el fallo 0076/2023 que anula varios artículos de la Ley Departamental 98, entre los cuales está la potestad de las gobernaciones para la creación de áreas de conservación.
El caso fue activado en 2017 contra la Ley de Conservación de Patrimonio Natural del Departamento de Santa Cruz, de 2015. Se planteó un conflicto de competencias con el nivel central en temas de tierra y territorio.
