Los recientes escándalos en el Órgano Judicial, comenzando por la revelación de que un juez anticorrupción fue captado en video solicitando soborno y terminando con un sorpresivo viaje de los magistrados del Tribunal Constitucional, por un mes, a China, confirman una vez más el estado de postración del tercer poder del Estado y la necesidad de hacer algo urgente.
El caso del juez corrupto, hoy en prisión preventiva mientras se procesa su caso, ya fue objeto de comentario en esta página días atrás. El caso de los magistrados viajeros no solo ha provocado duras críticas del Presidente del Estado, sino sobre todo ha paralizado el trabajo de la que tal vez sea la más importante institución del Judicial, causando una nueva fuente de crisis para el ya gravemente afectado Órgano.
La respuesta desde el ámbito de las máximas autoridades de este último ha venido en forma de una reactivación del Consejo Nacional de Desarrollo Estratégico del Sistema Judicial Boliviano, compuesto por los presidentes de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental, Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura, además del Fiscal General del Estado, y que tiene el objetivo de trabajar de manera conjunta, entre todas esas instituciones, actuando ante los hechos de corrupción que se presentan, y también replantear el actual sistema judicial.
Las máximas autoridades del Órgano Judicial y miembros del citado Consejo señalaron, en voz del Fiscal General, que hay la decisión de “luchar contra la corrupción, de realizar operativos en los juzgados, en las fiscalías del país, de aplicar con rigurosidad los reglamentos disciplinarios y las normas si es que amerita la comisión de un delito en estos casos, entonces actuar de manera coordinada entre todas las instancias”.
La iniciativa parece buena en el contexto de total descrédito de las instituciones judiciales del país —al extremo de haberse constituido una agrupación de “víctimas de la justicia” que amenaza con realizar acciones callejeras de protesta, además de que se ha dispuesto desde el Ejecutivo la participación de agentes de Inteligencia para monitorear el trabajo de los administradores de justicia—. Sin embargo, llama poderosamente la atención el hecho de que haya sido necesario constituir el ya nombrado Consejo para ejecutar tareas que la ley asigna a cada instancia del Judicial por separado y, de modo general, al Consejo de la Magistratura, lo que confirma a su vez el lamentable estado de la institucionalidad en la Justicia.
Urge, pues, que se tomen medidas drásticas, las mismas que no solo pasan por apartar a los malos operadores de justicia, sino sobre todo por trazar un derrotero claro y viable para transformar el estado de cosas. La Cumbre Judicial, postergada sine die, es probablemente el mejor camino, pero no se percibe suficiente voluntad política para realizarla.
