A denuncia de la Asfi, la Policía detuvo el viernes a 10 personas que hacían préstamos de dinero con altos intereses a través de intermediarios y allanó las oficinas donde trabajaban. Estos individuos conformaron una empresa que forzaba la devolución del capital más los intereses con amenazas.
La denuncia fue presentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), la que se constituyó como víctima en el proceso investigativo, informó el mayor Erik Peralta, jefe de la División Económica y Financiera de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.
“Emergente de una denuncia de la Asfi, que es la que regula el ente financiero, hemos allanado predios y arrestado a 10 personas que crearon una empresa prestataria con intermediarios, lo cual no es aceptado. En consecuencia, están poniendo en riesgo todos los dineros entregados por las víctimas que de momento se constituirán como tales en estas oficinas”, sostuvo Peralta luego del operativo efectuado en horas de la mañana en la avenida Kollasuyo, zona noroeste de La Paz.
Según la investigación, la empresa “Frade Giro” tiene varias oficinas en distintos puntos de la urbe paceña y en la ciudad de El Alto, por lo que los operativos continuaron durante el resto del día. “En este momento se interviene en la avenida Landaeta, en El Alto, hay mucho que investigar”, detalló Peralta.
El jefe policial explicó que estas personas fungían como agentes de crédito y cada uno lograba captar a clientes, en un número de cuatro o más. Posterior al desembolso del préstamo y pasado cierto tiempo forzaban a los prestatarios a su devolución, amenazándolos con publicar sus nombres como deudores morosos si no lo hacían, añadió Peralta. “Ellos no son un ente bancario y no están regulados por la Asfi, es un nuevo tipo penal que se llama delitos financieros”, argumentó el jefe policial.
Experiencia. La presunta directora de la empresa, comunicó Peralta, trabajó en diferentes cooperativas de ahorro y crédito y conocía el procedimiento para efectuar los préstamos. “La Asfi refiere que es ilegal que una empresa preste con intermediarios”, expresó. Las víctimas, acotó, superarían el centenar. “Hay mucha documentación por analizar y revisar”, ratificó.
A su turno, la fiscal del caso, Amparo Morales, indicó que luego del arresto de los sospechosos se procedió a la toma de declaraciones y posteriormente se definirá su situación penal. “De acuerdo con eso, mi persona definirá si se pondrá a disposición del juez o tomaremos otras medidas”, subrayó. El caso fue aperturado recientemente, dijo la fiscal, y el objetivo del allanamiento de las oficinas de la empresa es colectar mayores elementos que aporten a la investigación.
Morales señaló que aún se desconoce la forma exacta en que los agentes de crédito captaban a las víctimas. “No sabemos cómo captaban a la gente, al parecer hacían propaganda, se pasaban la voz entre las personas y sabían que estos señores hacían los préstamos”, manifestó la fiscal. Mencionó que la “duda” sobre la actividad de esta empresa surgió al revisar la documentación y constatar que fue constituida con un capital de Bs 48.000, aunque, según los reportes de la Asfi, la misma registró movimientos por más de Bs 6 millones. “Ninguna persona puede realizar actividad financiera sin autorización”.
Operaban en dos ciudades
Indagación
Según la información brindada por la FELCC y el Ministerio Público, la empresa tenía oficinas en las ciudades de La Paz y El Alto. También se dijo que se investigará si sus operaciones se extendieron a otros departamentos del país.
