El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de la actual jefa de Estado, Dilma Rousseff, calificó hoy como «insana» la decisión del Congreso de iniciar un juicio político con fines de destitución contra la mandataria.
En su primera declaración sobre la crisis provocada por la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de poner en marcha el juicio contra la jefa de Estado, Lula acusó al legislador de actuar motivado por intereses particulares y no por los intereses del país.
«Me siento indignado con lo que están haciendo con el país. Cunha sólo está pensando en él. No piensa en el país, en la economía.
Brasil no merece eso. Es algo insano», dijo el líder del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en declaraciones a periodistas.
El exmandatario aseguró que la decisión del jefe de los Diputados paralizará al país, dificultará aún más las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo y agravará la crisis en la economía, que este año entró en recesión y, según analistas, puede sufrir una contracción del 3 %, su peor resultado en los últimos 25 años.
«No pueden permitir que esa locura provocada por Eduardo Cunha demore mucho. Tienen que resolver eso inmediatamente», afirmó.
De acuerdo con el expresidente, la apertura del juicio político se produce en momentos en que el Gobierno de Rousseff hacía esfuerzos para poner a flote la economía y cuando discutía con el Congreso las reformas necesarias para incentivar el crecimiento.
Lula dijo igualmente que el juicio político tan sólo le da una oportunidad a quienes «querían una tercera vuelta en las elecciones», en referencia a los sectores de la oposición que aún no han aceptado la derrota en las presidenciales del año pasado.
Pese a no aclarar cuáles serían los motivos de Cunha, el exjefe de Estado aseguró que el presidente de la Cámara «no debería colocar sus intereses personales por delante de los del país».
El ministro de la Presidencia, Jacques Wagner, dijo hoy que el presidente de los Diputados venía amenazando públicamente con autorizar la apertura del juicio en caso de que sus intereses fueran contrariados y que finalmente cumplió.
Cunha autorizó darle trámite al juicio contra la presidenta precisamente el día en que el PT, la formación de Lula y de Rousseff, informó que apoyará la apertura de un proceso en el Consejo de Ética de la Cámara baja que puede despojar al legislador de su mandato.
El jefe de los Diputados enfrenta varias acusaciones en el marco del escándalo de corrupción descubierto en Petrobras y, además de un proceso en el Consejo de Ética, recientemente la Fiscalía abrió una investigación por unas cuentas bancarias nunca declaradas que le descubrió en el exterior y que al parecer recibieron depósitos de recursos desviados de la petrolera.
Lula negó que la presidenta hubiera intentando negociar un acuerdo para librar a Cunha del proceso en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados a cambio de que el legislador se abstuviera de abrir el proceso político en su contra.
«Conozco a Dilma (Rousseff) y me parece muy difícil que ella acepte ese tipo de negociaciones», afirmó.
El complejo proceso constitucional que puede despojar a la presidenta de su mandato fue puesto hoy en marcha y estará en manos de 65 diputados de 23 partidos que decidirán si Rousseff será sometida o no a un juicio político.
Esos 65 legisladores formarán la comisión especial que prevé la Constitución para juicios de esa naturaleza y determinarán si las maniobras fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo para el que fue reelegida en 2014.
