Si la Asamblea Nacional cayera en manos de la MUD (…) nuestro pueblo va a luchar en las calles, (…) yo sería el primero” (Nicolás Maduro Moros, 22/06/2015). Y la Asamblea Nacional de Venezuela “cayó” en manos de la oposición, porque el pueblo eligió a sus representantes para iniciar un cambio imprescindible en el país, y no hubo la violencia anunciada en la campaña de terror que Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) auguraban. Dos horas y media más tarde de las estimaciones que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena Ramírez, pronosticó, ella misma ofreció los resultados irreversibles: 74,25% del padrón votó el domingo (11,7% más que en 2010) y eligió a 99 diputados de la oposición, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), 34 más que en 2010, y 46 del PSUV y sus aliados (52 menos) faltando por definirse 22 diputaciones (17 uninominales, 2 de lista y 3 indígenas); considerando la tendencia, es probable que la oposición alcance entre 11 y 15 diputados más, con lo que tendría finalmente entre 110 y 114 diputados.
¿Cuáles son las consecuencias de esta elección? Definitivamente el cambio está en lo legislativo y no en lo ejecutivo: el Gobierno venezolano sigue en manos del PSUV y de Maduro. Sin embargo, el oficialismo perdió la mayoría de la Asamblea Nacional que durante muchos años mantuvo cómodamente; con los resultados irreversibles de anoche, la MUD tiene 59% de los escaños asegurados y detenta la mayoría simple y tiene la posibilidad de alcanzar la mayoría de 3/5 (101 diputados) o, incluso, calificada de 2/3 (112), con las que el Gobierno perdería la capacidad de imponer sus decisiones y parte importante de su autonomía. Pero lo fundamental es la señal que se ha dado al país y al mundo: el chavismo implosionó porque gran parte de los venezolanos votaron por un cambio en el rumbo del país. Las palabras del Presidente tras el anuncio de los resultados fueron bipolares: positivas en el sentido de la necesidad de trabajar por Venezuela, negativas en el sentido de seguir achacando los errores de su gobierno a una “conspiración imperialista”.
Ayer, lunes, en Brasil se inició el segundo hito: los partidos políticos en el Congreso eligieron la comisión especial de 65 diputados que decidirá sobre la apertura de un juicio político (impeachment) para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, que en octubre contaba solo con el 8% de aprobación popular. En un país en crisis (la peor desde 1930), con recesión de -3% del PIB, inflación de 10,39%, déficit público esperado del 9% del PIB y desempleo del 8%, con macroescándalos de corrupción (Lava Jato y mensalão, entre otros) que involucran a la gran mayoría de la clase política (sobre todo del PT en el Gobierno, incluido el expresidente Lula da Silva) y con cada vez mayor deserción del principal aliado del Gobierno, el PMDB, la situación no es positivamente auguriosa para la actual Gobernante ni para su administración, en un país necesitado de cambios para remontar sus indicadores críticos.
El tercer hito se concretará el jueves 10 de diciembre, cuando el presidente electo de Argentina, Mauricio Macri Blanco, asuma oficialmente la primera magistratura. Más allá del folklore kirchnerista en la puja por el lugar de entrega de los símbolos de mando, lo importante está en el inicio de cambios imprescindibles en la economía y en la forma de gobernar el país vecino. En resumen, tres procesos de cambio necesarios y, con seguridad, irreversibles en Latinoamérica.
