Son muchos los beneficios que conlleva el uso de las bicicletas como medio masivo de transporte en las ciudades, pues además de reducir la congestión vehicular, los velocípedos no generan polución ni contaminación acústica, evitan la acumulación de chatarra y el derrame de aceites, amén de favorecer la salud de quienes practican este deporte.
Y por si todo lo anterior no fuese suficiente, las bicicletas resultan ideales para emprender diversos negocios, toda vez que mejoran sustancialmente la movilidad de los ciudadanos, son relativamente baratas y fáciles de estacionar; ampliando de esta manera las oportunidades socioeconómicas de la población.
Por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz son cada vez más las empresas que utilizan este medio de transporte para sus negocios. Es el caso de Box Bike, un servicio de entrega y recojo de encomiendas, compuesto por cinco jóvenes que atraviesan la capital cruceña encima de dos ruedas y cobran Bs 7 por cada trabajo, 40% menos que la competencia, que se moviliza en motocicletas. De igual manera, varios canillitas y panaderos reparten sus productos valiéndose de las bicicletas, y lo propio ocurre con una librería (BG) que entrega material escolar y de escritorio a sus clientes.
Sin embargo, las autoridades locales no están acompañando el desarrollo de este tipo de emprendimientos, que además de generar fuentes de trabajo contribuyen a toda la ciudadanía, como ya se mencionó líneas atrás. De hecho Bicientregas Bolivia, una empresa similar a Box Bike, dejó de operar hace cuatro meses debido al riesgo que corrían sus ciclistas en las calles de la capital cruceña, así como también por la falta de apoyo de la Policía. Y lo propio ocurre en el resto de las urbes del país, donde manejar bicicleta constituye una aventura de alto riesgo, por la ausencia de infraestructura y de una cultura ciudadana que respete a quienes se movilizan encima de dos ruedas gracias a su propio esfuerzo.
Por todo ello, sería deseable que las autoridades empiecen a concebir el ciclismo urbano como una política de Estado, valorando los beneficios sociales, económicos, ambientales y de salud que esta práctica conlleva. Solamente así las municipalidades y el Gobierno Nacional decidirán invertir recursos para hacer de la bicicleta un medio efectivo de transporte, que sea accesible, aceptado, seguro y práctico; instalando para tal efecto rampas, ciclovías, parqueos para bicicletas, señalización y otras medidas que aumenten la percepción de seguridad entre los potenciales ciclistas. A quienes, dicho sea de paso, también debería educarse, de tal manera que estén conscientes de que las normas urbanas son para todos, no solo para los conductores y los peatones, y que las ciudades deben ser amigables con todos los que viven y transitan por ellas.
