El presidente del Comité Pro Santa Cruz (CPSC), Fernando Larach, puso en duda llamar a una Asamblea de la Cruceñidad sobre una supuesta persecución política. El titular del ente cívico señaló que, de todas maneras, esperan una misiva formal solicitando la misma por parte de la universidad pública cruceña.
“Veremos primero cuáles son los objetivos, porque Rómulo tiene 26 imputaciones y no hemos hecho una Asamblea de la Cruceñidad. Luis Fernando (Camacho) tiene no sé cuántas imputaciones y no hemos hecho una Asamblea de la Cruceñidad. Entonces, veamos cuál es el objetivo que plantean, cuáles son las soluciones”, afirmó Larach en contacto con la prensa.
Los líderes del paro de los 36 días en Santa Cruz, entre octubre y noviembre de 2022, se reunieron ayer jueves tras conocerse su imputación. Se trata del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; Rómulo Calvo, expresidente del CPSC; Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM); Reinerio Vargas, vicerrector de la UAGRM; y José Luis Santistevan, abogado constitucionalista. El Ministerio Público los acusa por terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa y otros delitos.
Una carta para Asamblea de la Cruceñidad
“Hemos tomado conocimiento de que en la universidad se habría anunciado que nos va a mandar una carta pidiendo una Asamblea de la Cruceñidad. La carta no ha llegado aún. Esperaremos que llegue la carta para poder manifestarnos con conocimiento”, explicó Larach.
En la reunión del último jueves, la denominada coordinadora por la democracia, presidida por Cuéllar, Calvo y Vargas, determinó ocho puntos. Los mismos son: mantenerse expectantes ante el censo; exigir un nuevo padrón electoral, reafirmar la existencia de la coordinadora, que en su momento encabezó el paro bajo la presidencia de Vicente Cuéllar; articular la resistencia frente al Gobierno nacional; solicitar al CPSC una Asamblea de la Cruceñidad; denunciar los hechos ante la Corte Interamericana de Justicia; y apoyar el congreso de Derechos Humanos del 24 y 25 de octubre.
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