El exalcalde de El Alto Édgar Patana fue aprehendido ayer por la Policía y en una posterior audiencia de medidas cautelares, el juez 1° de Instrucción Anticorrupción, Ricardo Pinto, ordenó su detención preventiva en el penal de San Pedro.
El exburgomaestre fue detenido por la Policía cerca del mediodía y luego fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de esta ciudad, donde el fiscal Yesid Enríquez le tomó su declaración por una denuncia que hizo la actual alcaldesa de la urbe, Soledad Chapetón, relativa a haber transferido, de manera irregular, 14 vehículos de la municipalidad a dirigentes de organizaciones sociales.
Audiencia. A las 19.15 comenzó la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado 1° de Instrucción Anticorrupción. El fiscal del caso decidió imputar a Patana por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias, emisión de resoluciones contrarias a la Constitución, además de beneficios en razón del cargo.
Luego de dos horas de audiencia, el juez Ricardo Pinto ordenó su detención preventiva porque advirtió la existencia de peligros procesales como la fuga, debido a que Patana no logró acreditar su domicilio. Además, el juez concluyó que el exburgomaestre puede influir durante el proceso.
Al salir del salón de audiencias, Patana se limitó a decir que su detención “es política e ilegal”. En tanto, su abogado, Jorge García, afirmó que “la detención preventiva debió ser parcializada porque acreditamos el domicilio”.
El jurista anunció que en las próximas horas presentará la apelación a la resolución, ya que considera que hubo una “aprehensión ilegal”. Aseguró que el proceso tiene “actividad defectuosa” debido a que el caso estaba en investigación con el fiscal Dorian Jiménez, pero la orden de aprehensión contra su defendido fue emitida por Yesid Enríquez.
El 1 de septiembre de 2014, la exautoridad edil entregó a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto 14 vehículos para realizar el control social en la ejecución de obras. Los vehículos fueron transferidos por el Ministerio de la Presidencia; en esa oportunidad Patana indicó que los motorizados ya estaban en su poder seis meses antes, pero tuvieron que ser reparados por un costo de $us 192.510.
Juzgado. La administración de Chapetón asegura que esta transferencia fue ilegal porque los dirigentes no son funcionarios públicos. “A la fecha solamente dos vehículos se han recuperado”, expresó el director de Asuntos Jurisdiccionales de la Alcaldía de El Alto, Rodrigo Tarquino.
El funcionario aseguró que hay la orden fiscal para recuperar el resto de los motorizados que están en algunas subalcaldías, mientras que de otros se desconoce su paradero.
Patana tiene otras dos denuncias de la actual administración edil y ocho del diputado Rafael Quispe. Una de las acusaciones del legislador indica que la exautoridad entregó a dirigentes vecinales 57 vehículos de la municipalidad y que fueron dañados.
