El fiscal de distrito de Santa Cruz Gomer Padilla confirmó que la jueza 15º de Instrucción en los Penal, Vivian Patricia Gonzales, fue aprehendida acusada por varios delitos cometidos al emitir las medidas sustitutivas en favor del comandante del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) Juan Carlos Tapia, detenido el jueves de forma flagrante en posesión de droga.
«Como dice la norma en un plazo de 24 horas la vamos a poner en disposición de un Juez Cautelar por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución», aseveró Padilla.
El representante del Ministerio Público dijo que se ha conformado una comisión de investigadores que se harán cargo del a investigación contra la jueza, son los fiscales: Cándido Blanco, Fanny Alfaro y Paulo Guzmán.
La jueza pasará la noche en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a la espera de la audiencia cautelar que será programada para este martes.
Por su parte el abogado de Gonzales, Carlos Vaca dijo que no se ha emitido la orden de aprehensión en los plazos establecidos y que la detención tendría vicios de nulidad.
«Queremos saber qué es lo que pasó y como ha sido detenida tenemos entendido que la han llevado a las oficinas del Ministerio Público y de momento están recabando información porque allanaron su oficina, y al parecer no han emitido una orden que tendría que ser fundamentada y hemos venido a que no se le conculquen su derecho», explicó Vaca.
La retención de la jueza se habría producido a las 18h30 con el respaldo de efectivos policiales que la llevaron a las oficinas del Ministerio Público para que preste sus declaraciones.
El hecho llamó la atención por las pruebas que se tenían contra el expolicía Tapia, que cumplía funciones en el GACIP de El Alto.
El imputado fue sorprendido en su domicilio de Santa Cruz en posesión de 42.700 gramos de clorhidrato de cocaína y su audiencia cautelar se realizó el sábado por la tarde.
Pese a las pruebas que presentaron los fiscales la jueza determinó medidas sustitutivas con una fianza de 50.000 bolivianos con la orden de que el imputado se presente a firmar cada 15 días y no tenga contacto con nadie, en especial narcotraficantes.
La fiscal Marina Flores precisó que en la audiencia hubo varias irregularidades porque se desarrolló a puertas cerradas y se impidió el ingreso de los medios de comunicación. «Ella lo defendió (al imputado) más que su propio abogado, en otros casos lo que siempre se hace es determinar el traslado a un centro penitenciario», recalcó.
