La designación por decreto del presidente Mauricio Macri de dos jueces para ocupar dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, sin esperar acuerdo del Senado, generó este martes (15 de diciembre) una controversia en Argentina.
El presidente se amparó en un artículo de la Constitución que permite al Ejecutivo nombrar «en comisión», es decir interinamente, los cargos que necesitan de la aprobación del Senado, hoy controlado por la oposición al gobierno de Macri. Según constitucionalistas, la potestad del poder ejecutivo de designar cargos «en comision» no abarca a miembros de la justicia.
En Argentina, el presidente propone nombres de magistrados para el alto tribunal pero sus pliegos necesitan la aprobación de al menos dos tercios del Senado.
Macri nombró el lunes a Horacio Rosatti, 59 años, un exministro de Justicia del expresidente Néstor Kirchner (2003/2007) que renunció tras una pelea con él, y al titular de la privada Universidad de San Andrés, Carlos Rosenkraftz, 57 años, de buena relación con el fallecido exmandatario Raúl Alfonsín (1983/89).
En caso de no ser ratificados por el Senado, sus cargos tendrán vigencia por un año, hasta el 31 de diciembre de 2016.
La Corte, llevada paulatinamente a cinco miembros desde los nueve que tuvo en los años 1990, tiene actualmente tres miembros, tras jubilarse este año Eugenio Zaffaroni, al cumplir 70 años y Carlos Fayt, de 97 años.
Antes de dejar el gobierno el 9 de diciembre, la expresidenta Cristina Kirchner (2007/2015) había propuesto a dos candidatos, cuyos pliegos Macri anticipó que retiraría.
Las designaciones de Macri, quien desistió de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso para enero y febrero, sorprendieron a constitucionalistas y levantaron las críticas de la oposición sin aludir a la idoneidad de los propuestos.
«Estoy sorprendido, es un disparate. No resiste el menor análisis jurídico y político. El Congreso no está paralizado», dijo el senador Miguel Angel Pichetto, titular del bloque del Frente para la Victoria (FPV, kirchnerismo).
En cambio, la medida fue respaldada por el exsenador y abogado Ernesto Sanz de la socialdemócrata Unión Cívica Radical, integrante de la alianza de centroderecha Cambiemos que asumió el 10 de diciembre.
«El presidente eligió dos distinguidos juristas, intachables. Su decisión es legítima, legal, constitucional, necesaria y a pedido de la Corte», afirmó Sanz en la red social Twitter.
