El jefe de los Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, será sometido a un juicio político por su supuesta participación en hechos de corrupción por los que hoy fue allanada su residencia oficial, según acordó una comisión parlamentaria.
El Consejo de Ética de la Cámara de Diputados aceptó este martes (15 de diciembre) a trámite el proceso con vistas a la pérdida del escaño de Cunha, después de que este fue objeto de una vasta operación policial que también investiga a dos ministros del Gobierno de Dilma Rousseff y a otros políticos por las corruptelas en la estatal Petrobras.
La votación en el Consejo de Ética había sido postergada con diversas maniobras por diputados aliados a Cunha, que obstruyeron durante seis sesiones una votación que hoy finalmente concluyó con once votos a favor del proceso y nueve en contra.
Además de la casa de Cunha, hoy fueron registradas por la policía las residencias de los ministros de Ciencia y Tecnología, Celso Pancera, y de Turismo, Henrique Eduardo Alves, así como las del senador Edison Lobao, el diputado Aníbal Gomes y otros políticos.
Todos pertenecen al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, que en las últimas semanas se ha distanciado de Rousseff, quien a su vez puede ser sometida a un proceso con vistas a su destitución por unas maniobras fiscales irregulares en los balances del Gobierno.
Las operaciones fueron ordenadas por el magistrado Teori Zavascki a petición de la Fiscalía, que investiga desde hace meses denuncias sobre la supuesta participación de políticos en la red de corrupción en Petrobras, que, según la propia petrolera, se apropió en forma ilegal de 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2014.
El senador Lobao fue ministro de Minas y Energía durante el primer mandato de Rousseff y también había ocupado ese cargo durante la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de la mandataria.
Según sostiene la Fiscalía, Cunha recibió de la red de corrupción en Petrobras al menos unos 5 millones de dólares y mantenía ese dinero en unas cuentas secretas en bancos suizos, cuya existencia ha negado pero que ha sido comprobada por la propia Justicia helvética.
Como jefe de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó iniciar el trámite para un juicio político contra Rousseff, fundamentado en unas irregularidades fiscales en las que ha incurrido el Gobierno para maquillar sus resultados.
La oposición sostiene que esas maniobras suponen un «delito de responsabilidad», que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.
El proceso contra Rousseff comenzó la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero fue suspendido por la Corte Suprema tras atender una demanda oficialista que solicita esclarecer la forma en que será realizado el trámite.
El Supremo tiene previsto reunirse mañana para responder a las dudas que existen sobre el proceso, que continuará una vez que sean totalmente aclaradas por la corte.
