El Órgano Judicial, la Policía y la Fiscalía son las instituciones públicas más denunciadas en Bolivia ante la Defensoría del Pueblo por vulneración de derechos humanos, según un informe presentado hoy por esa institución.
El defensor, Rolando Villena, lanzó estos datos durante un acto de rendición de cuentas en el que anunció que de enero a octubre de este año se recibieron en total 16.053 denuncias, de las que se admitieron y gestionaron directamente 13.228 casos, mientras que el resto se derivó a otras entidades.
De las quejas atendidas por la Defensoría, 1.635 fueron contra la Justicia, 1.084 contra la Policía, 1.003 contra la Alcaldía de la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, y 832 contra el Ministerio Público.
Villena, citado en un comunicado de su departamento, destacó el incremento «sustancial» de las quejas «por problemas referidos a la justicia, derechos laborales y violencia, muchos de los cuales tienen que ver con la falta de credibilidad y la poca respuesta que tienen de las instancias que corresponden».
La Justicia boliviana lleva meses inmersa en una seria crisis institucional, reconocida por el Gobierno, y causada entre otros factores por la extendida corrupción, la lentitud de los procesos y las injerencias políticas.
Según el informe presentado este jueves, entre los grupos vulnerables que pidieron el amparo de la Defensoría figuran las mujeres (4.930 casos), seguidas por las personas de la tercera edad (2.462 casos) y menores (1.993 casos).
La Defensoría pidió este año la declaración de emergencia nacional por violencia machista debido al alto número de feminicidios y agresiones a mujeres y logró que se emitieran siete de esas declaraciones a nivel municipal y regional.
Bolivia es el país latinoamericano con mayor índice de violencia contra las féminas y el segundo en violencia sexual después de Haití, según datos del programa ONU Mujeres.
Además, el defensor del Pueblo, que ha sido acusado por el Gobierno boliviano de politizar su cargo, insistió en que no dejará de denunciar «las vulneraciones a los derechos humanos, aunque eso signifique ser objeto de críticas y cuestionamientos».
Entre las denuncias de Villena que han molestado al Ejecutivo figuran su postura respecto de la calidad de la democracia, los derechos de los pueblos indígenas y la violencia.
