Todo olía mal, pero al parecer las turbulentas aguas vuelven a su cauce. Al menos eso es lo que afirman las autoridades de El Alto tras los conflictos laborales y administrativos que enfrentaron a la empresa de Tratamiento de Residuos Bolivia (Trebol) y al Gobierno Municipal de esa urbe, a la que entramparon en un mar de desperdicios y, sobre todo, de dudas que nadie supo explicar.
Los trabajadores de Trebol, ante la amenaza de ver afectados sus derechos laborales, pararon el recojo de basura por al menos dos semanas, abriendo así la posibilidad de internar a la ciudad en una emergencia sanitaria sin precedentes.
La alcaldesa, Soledad Chapetón (que llegó a la Alcaldía con la opositora Unidad Nacional, UN), tuvo su primer duro examen en este conflicto. Ya en noviembre analizó una posible rescisión del contrato con la empresa encargada del recojo de basura, arguyendo incumplimiento. Además, denunció que dirigentes de organizaciones sociales recibían pagos por asistir a cada sesión del directorio de la Empresa Municipal de Aseo El Alto (Emalt).
Aún peor, circularon voces, que prefieren sumirse en el anonimato, que vincularon a comunicadores y seudoperiodistas en varios cobros ilegales. “Era un secreto a voces”, aseguran algunos periodistas que han recorrido los barriales y las polvorientas calles de esta urbe que concibió en octubre de 2003 una de las máximas expresiones de resistencia a la intolerancia. Aún así, los alteños ven en el derrotero de sus vidas que poco o nada ha cambiado desde entonces.
Chapetón, como en el caso de Trebol, debe indagar los contratos vinculados con la municipalidad que firmó su antecesor Édgar Patana, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), quien está aprehendido por efecto del proceso que le inició la actual administración por la entrega de 14 vehículos de la Alcaldía a dirigentes de sectores sociales de la región.
Lo ocurrido en esta ciudad desveló el grado de complejidad que tienen las transiciones gubernativas en el ámbito subnacional. La situación se agrava más cuando las líneas políticas de las autoridades salientes y entrantes son diametralmente opuestas.
Los casos de las gobernaciones de La Paz y Tarija, además de las alcaldías de Cochabamba y El Alto, han desvelado el poco compromiso de las autoridades de garantizar una transición transparente. El Gobierno alista una ley para generar, de manera más coordinada, los cambios de gobierno en las entidades subnacionales; no obstante, hace falta un remezón en el sistema de gobierno público, que considera que su función es un favor y no un servicio social.
