El presidente Evo Morales se reunirá en febrero con el equipo jurídico internacional que administra la demanda marítima que Bolivia instaló contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para “preparar” el juicio de fondo que se activará cuando Santiago entregue su contramemoria.
“Ayer hablé con nuestro agente, que es el expresidente Eduardo Rodríguez; me informó que nuestros expertos internacionales que nos están ayudando van a venir en febrero a una sesión en Bolivia para debatir con nuestros asesores, con nuestros abogados, con el Presidente, el Vicepresidente y el gabinete (para) prepararnos para la segunda fase”, informó ayer el Mandatario en ocasión de la entrega de una infraestructura educativa en la población de Mizque, en Cochabamba.
El Gobierno había fijado para este mes una reunión con el equipo de juristas para analizar los avances del proceso. El propio gobernante boliviano anunció la cita el 24 de septiembre, tras conocerse ese día el fallo de la CIJ, que reafirmó su jurisdicción para tratar el caso marítimo: La Paz pide a la Corte que declare que Santiago está obligado a negociar una salida al mar sobre la base de sus propios compromisos tras la conflagración bélica que involucró a ambas naciones y que provocó la pérdida de 400 kilómetros de costa al país.
Victoria. El Jefe del Estado justamente recordó en Mizque los distintos ofrecimientos que surgieron desde La Moneda y la victoria que el país logró en la fase preliminar del juicio. “Algunos gobiernos de Chile nos hacían creer: ‘Te vamos a dar un corredor, con soberanía, una salida al mar’. Nunca cumplían”, justificó Morales al referirse a los motivos que llevaron a su gobierno a interponer la demanda. “Nos estamos preparando”, precisó. La semana pasada, el procurador del Estado, Héctor Arce, anticipó a
La Razón que “las agendas de los expertos” impedían concertar una fecha en común. El último encuentro del Mandatario con los abogados internacionales Antonio Remiro Brotóns (España), Mathias Forteau, Monique Chemillier-Gendreau (Francia) y Payam Akhavan (Irán) se produjo a principios de junio, cuando el gobernante y el canciller del Estado, David Choquehuanca, participaron en Bruselas (Bélgica) de la III Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (UE-Celac).
En el último mes y tras el ajuste que Chile efectuó a su equipo jurídico con la designación de José Miguel Insulza como nuevo agente ante la CIJ tras la remoción de Felipe Bulnes en el cargo, el término “diálogo” volvió al escenario mediático. Justamente Insulza afirmó que el escenario “lo más formal posible” para un “diálogo directo” con Bolivia sería si se retira la demanda.
El vicepresidente Álvaro García descartó, sin reparos, esta propuesta y aseguró que el diálogo con el país vecino es posible paralelamente al juicio, un criterio que es rechazado por sectores conservadores de Chile, cuyo equipo jurídico debe presentar hasta el 25 julio del próximo año sus argumentos escritos para rebatir el pedido boliviano de diálogo.
Mesa sobre la demanda
Entrevista
El delegado de la demanda, Carlos Mesa, indicó a la revista Cosas que conoció “en profundidad” los argumentos de Chile y que era “consciente de que no tenían sustento como para que la Corte aceptara (la objeción)”.
Chile lleva a universidades su postura sobre Bolivia
Como parte de su campaña comunicacional, Chile optó por llevar su postura sobre la demanda marítima a las universidades de su país. En La Paz, en tanto, la Comisión de Política Internacional del Senado explicó la causa boliviana a 22 diplomáticos, en 2015.
“Queremos transmitir la convicción del Gobierno de Chile de estar actuando correctamente en el plano judicial, en el plano diplomático y de buena vecindad que debemos tener en la región”, explicó a medios chilenos el excónsul de ese país en Bolivia, Óscar Fuentes, quien dictó esta semana en la Universidad de Antofagasta la conferencia: Chile y la aspiración marítima boliviana: mito y realidad.
La iniciativa, que es impulsada por el Ministerio chileno de Relaciones Exteriores, se replicará en otras academias de Chile. Una labor similar emprendió la asambleísta Patricia Gómez, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), titular de la Comisión de Política Internacional del Senado boliviano, quien en esta gestión habló del mar con unos 22 representantes diplomáticos que residen y concurren en el país. “El mar es un derecho legítimo del país. Los embajadores en suelo boliviano también hacen carne de esta petición”, señaló Gómez.
