La Justicia uruguaya rechazó el pedido de extradición de Alberto Melgar, exdirigente cívico de Beni que es requerido por Bolivia para que sea procesado en el caso Terrorismo. Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no descartó presentar otra demanda para extraditarlo.
Desde Montevideo, el viernes, la agencia de noticias EFE reportó que el Tribunal de Apelaciones de la Justicia uruguaya denegó la solicitud del Gobierno de Bolivia para la extradición de Melgar. El magistrado Rolando Vomero señaló que la decisión se argumenta en función de lo establecido en el artículo 5 de la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 1971, ratificada por ambos países.
El citado artículo, añade EFE, sostiene que cuando la “persona reclamada sea nacional o medie algún otro impedimento constitucional o legal, el Estado requerido queda obligado a someter el caso al conocimiento de las autoridades competentes, a los efectos del procesamiento como si el hecho se hubiera cometido en su territorio”.
Juez. En cumplimiento de ese mandato, Vomero explicó que un decreto emitido por Bolivia posterior a los hechos por los que se juzga a Melgar “violentó el proceso” al solicitar la extradición del acusado para ser juzgado en La Paz, en vez de Santa Cruz, donde, según señaló Vomero, se encuentran los “jueces naturales” para este caso. Por esa situación, el acusado será juzgado por la Justicia uruguaya.
El caso Terrorismo surgió en 2009, cuando, en un violento operativo policial en Santa Cruz de la Sierra, se desbarató a un grupo que el Gobierno sindicó de separatista y que estaba al mando de Eduardo Rózsa, muerto en la operación. Melgar fue acusado de financiar a esa organización y fue detenido en 2010. Luego logró su libertad, tras acusar de extorsión al entonces fiscal del caso, Marcelo Soza. Después de salir del país y tener una orden internacional de captura en su contra, fue capturado en el aeropuerto de Montevideo, en 2012. Es por eso que la Justicia boliviana solicitó su extradición.
Al ser consultado sobre este caso, Romero aclaró que la decisión uruguaya, respecto a Melgar, corresponde a una instancia legal y no a esferas políticas. Agregó que se debe hacer una valoración sobre las bases que tomó la Justicia de Uruguay para rechazar la demanda de extradición.
“Obviamente nos ha sorprendido (la negativa), lo deseable sería que todos los involucrados en el caso Terrorismo sean procesados por la Justicia boliviana porque es un delito grave no solo de terrorismo, sino de afectación a la unidad a la patria y eso es grave en el ordenamiento jurídico. De repente no se consideró estos elementos de la Justicia boliviana”, dijo Romero.
Al ser consultado sobre la posibilidad de presentar un nuevo pedido de extradición, Romero respondió que “puede haber una nueva solicitud, incorporando otros elementos de análisis que no fueron presentados oportunamente al momento de la solicitud original, pero ese es un tema que lo debe valorar la Fiscalía General del Estado”.
El caso Terrorismo tiene 39 personas acusadas, de las cuales 18 están declaradas en rebeldía porque huyeron del país. Además, este proceso, por temas de excusas y recusaciones y por la salud de los sindicados, siguió su curso en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz. Actualmente, un tribunal paceño atiende el juicio en Santa Cruz de la Sierra.
Para la Fiscalía, la hipótesis de la existencia del delito de terrorismo fue corroborada con la sentencia a cinco procesados. Ahora quedan encarcelados Gelafio Santiestevan Stroebel, Zvonko Matkovic Rivera, Carlos Guedes Bruno y Alcides Mendoza Masabi.
Acusado denunció extorsión
Pago
El exdirigente cívico beniano Alberto Melgar denunció en 2010 que entregó $us 10.000 al fiscal Marcelo Soza para que lo deje libre dentro del caso Terrorismo. Detalló que dio $us 4.000 al abogado Soza, Moisés Ponce de León y $us 6.000 a su edecán.
