Después de nueve meses de la etapa de interrogatorio en el caso Terrorismo, iniciado en marzo de 2015, solo se recibió la versión de nueve testigos de una plancha de 40 presentada por la Fiscalía, a la que se sumarán otros. La defensa ve una un acción dilatoria.
Los fiscales Sergio Céspedes, Marco Antonio Rodríguez y Óscar Vera formaron una barricada judicial para la defensa de los 16 procesados que aún permanecen en el juicio oral, después que Ignacio Villa Vargas, Elód Tóásó, Mario Tadic, Juan Kudelka y Zoilo Salces obtuvieron su libertad tras admitir su culpabilidad y someterse a un proceso abreviado, por este proceso iniciado en 2009 a un grupo acusado de separatista.
La conclusión del proceso es incierta. Los abogados no se animan a prever un tiempo, pero creen que este año apenas se concluirá con los testigos ofrecidos por la Fiscalía. Para la próxima gestión quedarán los que presentarán los 16 acusados de terrorismo y no se descarta que cada uno de ellos pueda llevar similar número de personas que el Ministerio Público.
El fiscal Céspedes, parte acusadora del caso, señala que las mismas son parte del proceso y que están franqueadas por la ley. Gary Prado Araúz, que defiende a su padre el general Gary Prado Salmón, cree que el juicio será largo. “Siendo optimista esperamos que esto pueda concluir en 2020, y eso”, declaró y movió la cabeza.
El abogado José Hottman, que patrocina a Ronald Castedo, expresidente de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), cree que los testigos que presentó la Fiscalía son infructuosos y en lugar de aportar a esclarecer el caso, solo dilatan el proceso que ingresa a su séptimo año.
Así como Prado y Hottman, los abogados de otros acusados de terrorismo afirman que el Ministerio Público les pone trabas a través de las objeciones y evitan interrogar a los testigos.
