El procurador general del Estado, Héctor Arce, informó ayer que el proceso de arbitraje internacional que interpuso en París, Francia, el consorcio español Abertis y Aena por la expropiación de sus acciones en Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA) demorará dos años más.
La autoridad explicó que tras los argumentos planteados ante el tribunal de arbitraje en la audiencia oral que se realizó la semana anterior, esta instancia no cerró el procedimiento y determinó reconsiderar la decisión que había tomado de analizar solo los daños ocasionados por la no inversión en la pista del aeropuerto de El Alto y no en los de Cochabamba y Santa Cruz.
“El tribunal arbitral (…) ha determinado considerar los daños (ocasionados) por (la) no inversión a las pistas de los aeropuertos de Cochabamba y de Santa Cruz, para lo cual ha abierto una nueva audiencia que se realizará a mediados de año (2016) posiblemente en Estados Unidos, una nueva ronda de escritos orales, lo cual posterga el arbitraje por aproximadamente dos años más”, dijo.
El Procurador General del Estado junto a ejecutivos de SABSA nacionalizada, un equipo de abogados y técnicos asistieron a las audiencias en el arbitraje que se realizaron en París (Francia) para defender los intereses del Estado boliviano por la expropiación de las acciones del consorcio español Abertis (90%) y Aena (10%). Las audiencias de prueba se desarrollaron entre el lunes 14 y el viernes 18.
El consorcio español demandó a Bolivia ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) una compensación de $us 86 millones, más intereses por la expropiación de SABSA
Proceso. Arce confirmó que se tomó contacto con un buró de abogados de España para estudiar la “posibilidad” de iniciar un proceso legal en contra de Abertis por “daños y perjuicios” causados, al margen de lo que se vaya a determinar en el arbitraje. “Nosotros hemos tomado contacto con un bufete español de altísimo nivel conjuntamente el Ministerio de Obras Públicas para (…) analizar la posibilidad de demandar por daños en diferentes vías a la Abertis”, insistió
La representación boliviana demostró en las audiencias que el consorcio español no actuó de forma responsable y diligente, sino que fue desleal. Agregó que durante los 17 años que estuvo al frente de la administración de SABSA, Abertis invirtió $us 1,9 millones, que representa menos del 8% de los $us 27 millones, acorde al contrato de concesión al que se había comprometido la firma española.
“La defensa boliviana mostró las pruebas con imágenes, documentos, declaraciones, pericias y testigos que SABSA nacionalizada en dos años y 10 meses ha invertido 35 millones de dólares, esa es la prueba más grande de cómo una empresa internacional ha venido a exaccionarnos”, afirmó el representante de la Procuraduría General del Estado (PGE).
El 5 de mayo de 2011, el Estado boliviano fue notificado del arbitraje interpuesto por el consorcio español Abertis y Aena ante la CNUDMI, por el anuncio anticipado del Gobierno de nacionalizar su filial SABSA, que administraba los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
En la próxima ronda de audiencias, que se realizará a mediados de 2016, el tribunal de arbitraje va a considerar el estudio sobre los daños que ocasionó la Abertis a las pistas de aterrizaje, calles de rodaje y plataforma de los tres aeropuertos internacionales del eje troncal, adelantó. El consorcio español tendrá que “justificar lo injustificable” por las pruebas que fueron presentadas, agregó Héctor Arce.
Asistencia de la firma y cobros
Actores
El procurador Héctor Arce dijo que a las audiencias orales solo asistieron los abogados de los ejecutivos de la empresa Abertis, quienes no pudieron rebatir los argumentos esgrimidos por la parte boliviana.
Paga
Se demostró que el exgerente general de SABSA, administrada por Abertis, Antony Alicastro, cobró más de $us 2 millones por beneficios que hubieran servido para comprar tres carros bomberos.
Se pagaría a la Jindal lo que invirtió en el Mutún
El procurador general del Estado, Héctor Arce, informó que en el proceso de negociación que sostiene el Ministerio de Minería y la firma Jindal Steel & Power (JSP) existe un acuerdo mínimo que consiste en “devolverle a la empresa Jindal algunas inversiones que habría realizado y garantías que habría dado”.
El 1 de abril de 2013, el expresidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) Ricardo Cardona dijo que Jindal invirtió $us 15 millones, de los $us 600 millones que debió haber ejecutado en el proyecto siderúrgico del Mutún, lo que representa el 2,5%.
“Si la empresa Jindal se adecua a lo que Bolivia considere justo, habrá un acuerdo”, aseguró Arce en conferencia de prensa. El 9 de mayo de 2015, el Gobierno y Jindal abrieron un proceso de diálogo para dar solución al arbitraje iniciado en 2014 por la siderúrgica india en contra del Estado.
