El Gobierno brasileño abrió una investigación contra 59 ejecutivos y 21 grandes empresas a las que acusa de haber formado un cartel para distribuirse contratos con la petrolera Petrobras por un valor de 35.000 millones de reales (unos 8.750 millones de dólares), informaron hoy fuentes oficiales.
La investigación fue abierta por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), el órgano de combate a los monopolios y de defensa de la libre competencia del Ministerio de Hacienda, informó esta cartera.
Los ejecutivos y exdirigentes investigados ya responden ante la justicia penal por la formación del cartel conocido como «Club de los Contratantes» en el marco del proceso judicial por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal.
Algunos de los acusados ya han sido condenados penalmente por la red que montaron para repartirse los contratos de la mayor empresa de Brasil, elevarles el valor artificialmente y repartir los excedentes entre altos funcionarios de Petrobras y los políticos que ampararon las corruptelas.
El escándalo de corrupción ha salpicado a una veintena de las mayores empresas de Brasil y a medio centenar de legisladores y políticos, incluyendo a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
Los mismos ejecutivos ahora también tendrán que responder en un proceso administrativo que puede acarrearles significativas multas.
El Cade calcula que los contratos con sospecha de fraude suman 35.000 millones de reales y se extienden a grandes obras como la construcción de las refinerías de Sao José dos Campos, Araucaria, Paulinia y Abreu e Lima, así como del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro.
«Hay indicios robustos de que las empresas y personas físicas investigadas habrían celebrado acuerdos con la finalidad de fijar precios, dividirse el mercado y ajustar condiciones, ventajas o la abstención en la disputa de licitaciones de montaje industrial de Petrobras», según el comunicado del Cade.
De acuerdo con el organismo, mediante la formación de un cartel para promover fraudes en las licitaciones públicas de Petrobras, las empresas acusadas provocaron elevadas pérdidas a los órganos públicos contratantes mediante «el aumento de los precios, la reducción de la oferta y la disminución de los incentivos a la innovación».
Entre las empresas acusadas de formar parte del cartel figuran las mayores constructoras y contratistas de Brasil como Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvao, Mendes Júnior y UTC, según la lista divulgada por el Cade.
El órgano fiscalizador utilizó como pruebas en su decisión los acuerdos a los que ya han llegado algunas de tales empresas con la Justicia, entre las cuales Camargo Correa, para devolver parte de los recursos desviados y pagar indemnizaciones al Estado a cambio de la reducción en las condenas.
«El conjunto probatorio también incluye intercambio de emails, tablas de división de obras licitadas, registros telefónicos que demuestran los contactos entre los competidores, comprobantes de marcación de reuniones, anotaciones manuscritas, documentos con los términos de los acuerdos, entre otros», agrega el comunicado.
