De 93 casos de feminicidio registrados el año pasado, 40 lograron sentencias con la máxima condena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, informó el domingo el fiscal general, Ramiro Guerrero, en un informe de gestión.
“Esas 40 sentencias tienen la pena máxima (…) que es de 30 años y es cuando existe la relación entre pareja, puede ser ésta laboral, familiar y que, como producto de esa relación, se da la muerte de la mujer en manos de su pareja, del cual era dependiente”, explicó en una entrevista en el programa El pueblo es noticia.
El asesinato de la periodista Hanalí Huaycho con 15 puñaladas por parte de su pareja, Jorge Clavijo, activó en 2013 la redacción y aprobación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 348. En esta norma fue incorporada la figura del feminicidio con una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Datos. De los 93, en el departamento de Cochabamba fueron registrados 28, la cifra más alta; seguido de La Paz, incluido El Alto, con 27; en Santa Cruz, 14; en Chuquisaca, 6, al igual que en Oruro y Tarija; en Potosí, 4; y en Beni, 2.
A diferencia de los 40, 39 están con acusación formal. “Algunos están en juicio y otros a la espera del juicio oral”, mientras que cinco fueron archivados debido al fallecimiento del sindicado.
El resto (9) “fueron rechazados o sobreseídos en razón de que no se trataba de hechos de feminicidio porque no se ajustaba a la tipificación penal”, apuntó.
Con la aprobación de la ley específica fue mejorada la atención a las víctimas y se dispuso de médicos forenses especializados en la materia. Además hay apoyo de la Policía, que puso en marcha la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
“Estamos implementando diferentes tareas que mejoran la atención, por ejemplo, equipos multidisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales y el apoyo de los fiscales especializados en este tipo de delitos”, detalló.
Guerrero garantizó la seguridad a las denunciantes a través del sistema de protección a testigos y explicó que algunas son trasladadas a centros de acogida.
Añadió que la cámara gesell también contribuye a no revictimizar a la víctima, ya que puede identificar a su agresor sin tener ningún contacto visual.
Estableció que las agresiones se dan con más frecuencia en el núcleo del hogar, es decir, por miembros de la misma familia.
Guerrero manifestó que actualmente hay una mejor coordinación con instancias del Ministerio de Justicia, las gobernaciones y las alcaldías para mejorar la atención a las víctimas en el marco de las normas legales vigentes.
