El Gobierno argentino ordenó este viernes (15 de enero) desclasificar toda la información relativa al fallecido fiscal Alberto Nisman, desde septiembre de 2012 hasta la fecha, a fin de favorecer que se aclaren las circunstancias de la muerte, de la que el próximo lunes se cumplirá un año.
En un decreto publicado hoy en el Boletín oficial, el Poder Ejecutivo considera «esencial el esclarecimiento del hecho investigado» y, por ello, emite la orden en respuesta a una petición realizada por la Justicia.
«La desclasificación abarca la totalidad de la documentación, archivo y/o información que, en cualquier soporte, tenga o registre la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Migraciones, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y/o cualquier otra dependencia», especificó el Gobierno de Mauricio Macri.
En el caso de que la información tenga origen de inteligencia o de «servicios colaterales», se deberá preservar la identidad de los agentes implicados.
Los organismos citados tendrán un plazo de 30 días desde hoy para remitir la totalidad de la información al tribunal encargado del caso Nisman, que en un año de investigación no ha conseguido aclarar las circunstancias de una muerte que causó una fuerte conmoción social y una grave crisis política en Argentina.
Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado terrorista de 1994 contra la mutual judía AMIA, en el que murieron 85 personas, fue hallado sin vida en su domicilio de Buenos Aires el 18 de enero de 2015, con un tiro en la sien.
El fallecimiento ocurrió pocos días después de que el fiscal denunciase a la entonces mandataria, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de los iraníes supuestamente responsables del atentado a la AMIA.
La denuncia fue definitivamente desestimada en mayo pasado y desde el Ejecutivo kirchnerista señalaron que detrás de la muerte de Nisman había maniobras de sectores desplazados de la Inteligencia argentina.
Recientemente la iniciativa de la investigación pasó de manos de la Fiscalía a la jueza de la causa, Fabiana Palmaghini, ante la falta de resultados.
Tras un año, aún no se ha determinado si se trató de un suicidio, un suicidio inducido o un homicidio.
