El Tribunal Supremo Electoral (TSE), de forma inédita, derivó a la Contraloría General del Estado la denuncia en contra de la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sonia Brito, por utilizar instalaciones de la Asamblea Legislativa para efectos de campaña electoral del referéndum.
“Remito a usted antecedentes y resolución correspondiente de la denuncia (…) para la determinación de las responsabilidades que correspondan”, reseña parte de la misiva —documento al que accedió La Razón— enviada por el TSE al contralor Gabriel Herbas, el pasado jueves 24.
Brito organizó —en calidad de servidora pública y como parte de la Cámara de Diputados— un foro de interés ciudadano en el Palacio de la Revolución, que es una dependencia del Senado, evento en el que exhibió una valla institucional que promovía la opción del Sí para el referéndum constitucional del 21 de febrero que es impulsado por el oficialismo.
La denuncia fue interpuesta por el senador de la opositora Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez el 8 de diciembre en contra de Brito y de su colega Mireya Montaño. A su juicio, las legisladoras utilizaron bienes, recursos y servicios de una institución pública para promover la aprobación de la reforma constitucional.
La diputada Brito, parte del Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de la Cámara de Diputados, rechazó la denuncia en sus descargos. No obstante, y tras un análisis técnico que efectuó el Servicio Intercultural de Fortalecimiento de la Democracia (Sifde), se identificó la responsabilidad de la legisladora, mas no así de Montaño, quien aclaró no ser patrocinadora del foro, sino solo asistente, motivo por el cual la denuncia en su contra fue declarada improbada.
“El TSE declaró probada en parte la denuncia contra la asambleísta, recomendando la remisión de antecedentes a la instancia correspondiente”, informó a través de un comunicado la entidad electoral, el martes 22.
La Contraloría recibió el legajo y la Resolución L701/245/2015 que identifica las responsabilidades de Brito, el jueves 24. El equipo jurídico de la repartición estatal conoció el caso ayer e inició el estudio de los antecedentes que el TSE requirió para emitir su fallo.
Desconocimiento. En contacto telefónico con La Razón, la diputada Brito aseguró que su caso aún no había sido tratado por la sala plena del TSE y menos aún había sido notificada sobre el fallo y la posterior remisión del proceso a la Contraloría. “Me parece una barbaridad, porque en este caso donde ha habido absoluta inocencia en un acto lícito de difusión del derecho de los animales, haya una actitud donde el Tribunal lo que está queriendo hacer es mostrar una independencia a costa de la justicia y del debido derecho”, lamentó.
La diputada oficialista indicó que siempre existe una “instancia de apelación”, por lo que anticipó que acudirá a ella, sin dar mayores detalles. “En ningún momento he sido notificada y ahora estoy siendo vulnerada en mis derechos, porque me entero del tema por medio de la prensa”, añadió.
La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Lucha contra la Corrupción, fija en su artículo 26 una pena de privación de libertad de uno a cuatro años para funcionarios que “en beneficio propio o de terceros, otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado”.
El MAS y las denuncias electorales
Estatal
La oposición denunció por uso indebido de bienes del Estado al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, y a la gerente de Canal 7, Bolivia Tv, Gisela López.
Fallo
El TSE declaró improbados ambos casos.
UN monitoriza transmisiones de actos de BTV
La opositora Unidad Nacional (UN) instaló un centro para monitorizar las transmisiones de entrega de obras y actos de gestión donde participan el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), que efectúa la estatal Bolivia Tv, con el fin de identificar posibles contravenciones electorales.
“Hay un equipo que hace monitoreo periódico y constante de las transmisiones de Canal 7, porque es la única forma de hacer las denuncias. El reglamento te exige respaldar de forma digital y documental”, indicó el diputado por Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría, quien también es directivo de UN en La Paz. En criterio del opositor, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es muy permisivo con el oficialismo, puesto que no se pronuncia sobre este tipo de transmisiones que tienen tinte electoral, a pesar de que el nuevo Reglamento para Campaña y Propaganda les permite actuar “de oficio” (Art. 45).
“El TSE tiene una unidad de monitoreo, pero ¿qué cosa monitorean?, no hay una acción de ellos”, lamentó Santamaría.
