Bolivia ratificó el “Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores” con dos reservas vinculadas a la traducción al castellano de procesos y al financiamiento, luego de establecer que el convenio no contraviene la legislación nacional en lo relativo a la autoridad de los padres y la guarda hasta los 18 años de edad.
“Se ratifica el convenio citado, concluido en La Haya el 25 de octubre de 1980, encomendándose al Órgano Ejecutivo formalizar la adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia a dicho Instrumento Internacional”, se lee en el artículo 1 de la ley de ratificación del instrumento internacional.
El acuerdo tiene como objetivo “garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante” y “velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás”.
El Estado hizo dos reservas, una de ellas: con relación al artículo 24 del convenio que dice que los documentos extranjeros anexos a las Solicitudes de Restitución que se presenten en idioma inglés o francés, también deben adjuntar una traducción al castellano realizada por un traductor jurado.
La segunda (artículo 26) estipula que el Estado de Bolivia no se obliga a asumir gasto alguno que se derive de la participación de un abogado o asesores jurídicos, excepto en la medida que dichos gastos puedan sufragarse por un sistema de asistencia judicial y asesoramiento jurídico.
