En medio de una campaña electoral que no ha logrado generar un debate fundamentado acerca de la naturaleza de la consulta (reforma parcial de la Constitución Política), acecha el factor de la guerra sucia. Debe exigirse a los actores en disputa que planteen argumentos y proyectos de país, y no caigan en propaganda negativa que puede empañar el referéndum del 21 de febrero.
Una de las condiciones esenciales para la participación en democracia, y en especial para elegir o decidir mediante el voto, es que la ciudadanía cuente con información plural, cierta y relevante. Las campañas electorales pueden contribuir en ese sentido. Pero también pueden distorsionar los comicios y confundir a la población cuando, en lugar de exponer propuestas y debatir ideas, se concentran en difamaciones, falsificación, rumores, engaño (…) La propaganda negativa es contraria a la democracia.
Más allá de que estas prácticas, que deben condenarse, planteen problemas éticos, también violan la norma. De manera específica, la Ley del Régimen Electoral prohíbe expresiones de guerra sucia que se esconden en el anonimato; atentan contra la honra, la dignidad o la privacidad; promueven la discriminación y la intolerancia; entre otras. Las redes sociales, en especial, son profusas en estas prácticas, incluyendo las cuentas de algunos políticos que, irresponsables, se han especializado en mentir.
En las últimas semanas, como parte de la campaña del referéndum, algunos políticos asociados con periodistas, y viceversa, han concentrado sus ataques contra el Presidente y el Vicepresidente del Estado Plurinacional. Y lo hicieron montados en falsedades creadas, reproducidas o magnificadas por ellos mismos, tanto en las redes sociales como en medios de comunicación. Así ocurrió con la adulteración de una factura y la “denuncia”, desmentida por el TSE, de incumplimiento de plazos para una candidatura.
Pero sin duda la guerra sucia, orientada a ganar votos con malas artes en la consulta del 21 de febrero, llegó a su extremo más indigno en días pasados al utilizar como bandera política a un bebé fallecido. Nada menos. A reserva del debate sobre un presunto “tráfico de influencias”, que debe investigarse, es deplorable el modo en que algunos políticos y periodistas, para montar su campaña, violan los derechos constitucionales a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.
Debemos exigir a todos los actores que están impulsando las opciones en el referéndum que no cedan a la tentación de la propaganda negativa. Es poco democrático. Más bien les corresponde, por responsabilidad con el país, plantear visiones de futuro y debatir sobre ellas en un escenario posconsulta que demandará las mejores voluntades y esfuerzos para asumir nuevos desafíos en un contexto internacional difícil. Hay límites para la contienda política. Y los políticos y periodistas lo saben.
