Los dos líderes del cártel mexicano de los Zetas que pugnaban por el control del penal de Topo Chico, donde ayer murieron 49 personas en una riña, están vivos y fueron trasladados a otras prisiones, informó hoy el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.
Rodríguez Calderón, apodado el Bronco, explicó que un total de 233 reos fueron trasladados de este centro ubicado en la zona metropolitana de Monterrey, capital de Nuevo León, a penales federales.
«Entre ellos los dos presuntos responsables de este evento que se dio en el interior de Topo Chico», dijo en rueda de prensa.
Se trata de Jorge Iván Hernández Cantú, el «Credo», y Juan Pedro Salvador Saldívar Farías, el «Z27», ambos miembros del cártel de los Zetas internados en este penal de Monterrey, uno de los más antiguos del estado y con problemas de sobrepoblación.
«Esta despresurización del penal nos dio la oportunidad de tener el control completo. Ya tenemos el control del penal hacia el interior y hacia el exterior», señaló el gobernador, quien ha recibido en las últimas horas numerosas críticas por su gestión de la tragedia.
En la conferencia de prensa habló de que en un cateo realizado el jueves por parte de la Policía Federal se hallaron objetos «irregulares», entre los que destacan estupefacientes y objetos como cuchillos o martillos, mismos que se utilizaron durante la reyerta.
Ratificó que nueve de los cadáveres no han sido todavía identificados, si bien confió en que se logre el reconocimiento a lo largo del día.
Asimismo, explicó que de los cinco lesionados en estado grave, dos evolucionan favorablemente y tres siguen en «estado delicado».
Además, cuatro reos más fueron trasladados al hospital para su revisión.
El gobernador explicó que el control del penal sigue estando en manos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, si bien se busca un acuerdo para que la Policía Federal coadyuve en el resguardo de las instalaciones.
Dijo que se está trabajando para renovar el convenio con la Secretaría de Defensa Nacional para mantener su presencia en el estado, que caducó en septiembre pasado y vigilaba también el exterior de los penales.
El motín en Topo Chico fue uno de los más graves registrados en México en los últimos 30 años por el elevado número de víctimas fatales y evidenció la precaria situación, caracterizada por la vejez de las instalaciones y el autogobierno, del sistema penitenciario en el país.
