La hermana del rey Felipe VI, la infanta Cristina, seguirá sentándose en el banquillo de los acusados en un amplio proceso de malversación de fondos públicos, tras el rechazo del tribunal a archivar la causa por fraude fiscal.
En una decisión publicada este viernes, el tribunal de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, rechazó los argumentos de la defensa, la fiscalía y la abogada del Estado pidiendo el sobreseimiento de Cristina de Borbón, que se enfrenta a hasta ocho años de cárcel.
La hermana del rey, de 50 años, es sospechosa de haber escondido a Hacienda los beneficios procedentes de la malversación de 6 millones de euros públicos presuntamente cometida presuntamente por su esposo, Iñaki Urdangarin, pieza central del juicio iniciado el 11 de enero con 18 acusados.
Ese día, sus abogados reclamaron la absolución de la infanta porque su causa se sostenía únicamente en la acusación popular de la organización ultraderechista Manos Limpias, insuficiente según ellos cuando el fiscal y el abogado del Estado, representante de la Hacienda pública, la dejaron al margen.
Pero el tribunal dio la razón a la acusación popular y al juez instructor que dictaminó la apertura de juicio oral contra Cristina de Borbón, argumentando que el fraude fiscal no únicamente perjudica a la administración pública, sino al conjunto de ciudadanos.
No pagar los impuestos correspondientes «provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos», señala el tribunal en su sentencia.
Por lo tanto, «no existe un único, concreto y determinado perjudicado encarnado por la Hacienda pública», añade, justificando la legitimidad de la acusación popular.
«Credibilidad del poder judicial»
«Ha quedado acreditado que la Hacienda pública somos todos los españoles (…) Esto es bueno para la credibilidad del poder judicial», señaló Miguel Bernad, presidente de esta polémica asociación personada en numerosos casos de corrupción en España.
El abogado de la infanta, Miquel Roca, lamentó ante los periodistas que el tribunal «se aparte de la doctrina consolidada por el Tribunal Supremo» que años atrás sobreseyó al expresidente del Banco Santander, Emilio Botín, con el mismo argumento utilizado por la defensa de Cristina.
Una vez resuelta esta cuestión preliminar, el 9 de febrero proseguirá el juicio que pone en aprietos los esfuerzos del rey Felipe VI, proclamado en junio de 2014, de lavar la dañada imagen de una monarquía.
La infanta, que desde 2013 vive en Ginebra junto a su marido y sus cuatro hijos, es el primer miembro de la familia real española en sentarse en el banquillo de los acusados.
Cristina, antaño valorada como una princesa moderna, ejemplar y trabajadora, se vio arrastrada por los negocios de su marido al frente de la fundación Nóos, una organización teóricamente sin ánimo de lucro que presuntamente hinchó contratos millonarios con los gobiernos regionales de Valencia y Baleares.
Urdangarin, exmedallista olímpico de balonmano de 48 años, está acusado junto a su exsocio Diego Torres de prevaricación, malversación, fraude, blanqueo, entre otros, y el fiscal pide para él 19,5 años de cárcel.
La infanta sostuvo desconocer esos negocios y confiar ciegamente en su marido pero los beneficios fueron supuestamente desviadas a empresas pantallas propiedad de la pareja y que habrían servido para financiar las reformas de su lujosa mansión en Barcelona, lecciones de danza o fiestas de cumpleaños de sus hijos.
El caso, en una sociedad hastiada por los escándalos de corrupción, lastró profundamente la imagen de la monarquía entre los españoles, que ya recibieron con enfado la cacería de elefantes en Botsuana del rey Juan Carlos en 2012 cuando el país estaba a punto de ser intervenido por la crisis económica.
Desde su llegada al trono, en junio de 2014, Felipe VI se comprometió en mejorar esta imagen y marcó distancias con su hermana, a la que retiró el título de duquesa de Palma de Mallorca y ni siquiera invitó a su ceremonia de proclamación.
