Hoy se cumple un año de la denuncia del desfalco millonario en el Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino, denominado caso Fondioc. Hay 29 personas encarceladas y otras 4.300 procesadas por la Fiscalía, entre sindicalistas, asambleístas y exautoridades.
El caso estalló el 14 de febrero de 2015, luego de que la Contraloría hallara 153 obras no ejecutadas que causaron un daño económico al Estado de Bs 71 millones.
Después, el Gobierno intervino esa repartición durante seis meses y detectó 30 obras “fantasma” valuadas en Bs 14 millones, cifra que puede llegar a Bs 102 millones porque aún falta inspeccionar otros trabajos. Hasta octubre de 2015, solo se detuvo a siete personas, entre ellos exdirectivos y dirigentes de mandos medios.
Dirigentes están señalados de recibir dinero del Fondioc para ejecutar obras y no concluirlas. Un informe extraoficial indica que solo entre 2010 y 2012 se presupuestó Bs 465,4 millones para obras, de los que se erogó Bs 327,8 millones.
Organizaciones. Los sindicalistas pertenecen a ocho organizaciones: Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIO), Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq), Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Según información de la Unidad de Liquidación del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originarios y Comunidades Campesinas, a la fecha hay 29 personas encarceladas.
Tras nueve meses de un trabajo estancado, en noviembre de 2015 el proceso tuvo un repunte. Las pesquisas llegaron a dirigentes nacionales, algunos ligados al Movimiento Al Socialismo (MAS). Por ejemplo se aprehendió a la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos, al senador Jorge Choque (MAS), a Damián Condori, disidente del MAS, y a la presidenta de la CIDOB, Melva Hurtado, afín al partido de gobierno.
También se informó que hay al menos 4.300 procesados por el caso Fondioc porque tuvieron participación directa o indirecta en proyectos financiados por la entidad. Entre ellos están dirigentes de organizaciones nacionales, exdiputados e incluso actuales asambleístas del MAS.
Este diario intentó obtener información del Fiscal General y de los fiscales encargados del caso, pero sin éxito, pese a presentarse las solicitudes respectivas. Incluso uno de los miembros del Ministerio Público dijo que ya se dio toda la información sobre los avances y cronograma de trabajo en el proceso de investigación.
Luego de un año, el trabajo de la Fiscalía fue cuestionado, debido a que no convocó a declarar a la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, quien fue presidenta del directorio del Fondioc por cinco años, pese a que implicados y querellantes presentaron documentos para demostrar que la exautoridad conocía los hechos ilícitos. Tampoco citó a Felipa Huanca, excandidata del MAS.
El primer encarcelado por este proceso, el exdirector del Fondioc Aramayo, inició el viernes una huelga de hambre en la cárcel de San Pedro de La Paz para exigir al Ministerio Público la convocatoria a Achacollo, ya que, según él, la exministra autorizó proyectos millonarios pese a que sabía que el Fondo estaba en quiebra técnica. Junto a él, otros dos dirigentes de los Yungas se unieron a la medida. También el diputado de Unidad Demócrata (UD) y querellante del caso, Rafael Quispe, instaló otro piquete de huelga en la Asamblea.
Eduardo León, abogado de Quispe, denunció que Achacollo autorizó 1.100 proyectos y, pese a ello, no se la implicó en el caso. “La Fiscalía quiere desviar el caso con otros delitos, cuando el verdadero ilícito es la transferencia de dinero a cuentas bancarias personales”.
Achacollo, el 2 de febrero, declaró a este diario que analiza la posibilidad de presentarse a declarar ante el Ministerio Público de forma voluntaria. Denunció que las organizaciones sociales la presionaron para aprobar proyectos y que se cuotearon el Fondioc.
Acefalías en juzgados del caso
Proceso
La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Carmen del Río Quisbert, dijo que hay cuatro juzgados anticorrupción, de los que tres tienen acefalías, por lo que otros jueces deben atender el caso del Fondo Indígena, pero su función es limitada, ya que no pueden dictar ni sentencias.
