El 54% de las tierras que se siembran en Bolivia (1,8 millones de hectáreas) utilizan semilla certificada por el INIAF, lo que ahorró a los agricultores del país unos $us 130 millones que debían ser destinados a la importación de ese insumo.
El director interino del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y responsable nacional de la Unidad de Fiscalización y Registro de Semillas de esa entidad estatal, Freddy Caballero, informó que ese porcentaje corresponde a 115.000 toneladas de 28 especies.
La cantidad de simiente que tienen el aval de esa institución se duplicó desde el año pasado, pues a mayo de esa gestión, esa misma entidad reportó que había certificado la semilla de entre el 20 y 25% de la producción agrícola nacional.
La mejora en la calidad de esos gérmenes fue posible gracias al apoyo del Banco Mundial (BM) y las cooperaciones suiza y danesa, que destinaron unos $us 50 millones al fortalecimiento de “la capacidad de investigación e innovación nacional” en el sector, recordó el gerente del Sector Agrícola para Latinoamérica del organismo multilateral, Laurent Msellati. La contraparte del Gobierno boliviano en este trabajo, agregó, llegó a unos $us 9 millones.
Msellati destacó que el hecho de que más de la mitad de las 3,5 millones de hectáreas (ha) sembradas en Bolivia, es decir, 1,8 millones de hectáreas, utilice semilla certificada por el INIAF hace que las simientes sean más aptas y mucho más resistentes a las sequías y a las lluvias, lo que mejora los rendimientos de producción y los réditos para los agricultores.
“Se hace una certificación de la semilla y después se hace una multiplicación de los granos en parcelas privadas de unas 14.000 familias de pequeños productores”, sostuvo.
Refiriéndose a quienes se dedican a la producción de simientes, Caballero precisó que son familias, empresas, pequeñas asociaciones e instituciones privadas. “Para ellos hacer semilla de calidad es un negocio”, dijo.
El director interino del INIAF ponderó además el apoyo financiero del Banco Mundial al instituto estatal, porque permitió que éste fortalezca sus actividades y modernice sus laboratorios en Cochabamba. Los recursos, detalló, fueron principalmente destinados a la compra de vehículos, para que el personal de esta repartición pueda llegar a todas las regiones donde haya productores que quieran certificar los granos que cultivan para la siembra. Ese respaldo económico, además, “nos ha permitido fortalecer nuestra gente y capacitar a más personas para que puedan participar” de esta actividad, expresó Caballero.
Beneficios. Según Msellati, los recursos también sirvieron para crear una red de cooperación con empresas privadas, universidades y actores del gremio. “El papel del INIAF incluye el impulso a la investigación e innovación agrícola en este país, pero también la conformación de un sistema muy colaborativo con los otros actores del sector”, consideró.
Ambos representantes coincidieron en que el uso de este tipo de productos nacionales le ahorra a los agricultores del país aproximadamente $us 130 millones por año.
Según expertos, el uso de semilla no certificada representa un riesgo para la agroindustria, ya que en el largo plazo puede causar la degradación de los suelos y del ecosistema.
Caballero explicó que el sector que más se beneficia con la dotación de gérmenes acreditados es el soyero, pues el 80% de la producción de esa oleaginosa (880.000 ha de un total de 1,1 millones de ha sembradas) utiliza simiente garantizada. Al respecto, el expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) Demetrio Pérez aseguró que el empleo de simiente certificada abarata los costos del sector y que un producto de mala calidad le genera pérdidas económicas.
“Cuando la semilla no está certificada es posible que sea de mala calidad y por lo tanto no germine. Lo importante es tener un germen de calidad, porque ahí es donde se inicia el éxito de la cosecha”, afirmó.
Los productos que mayor demanda tienen de semilla acreditada, después de la soya, son la papa, el maíz, el trigo y el sorgo, precisó Caballero, quien añadió que el 99% de la producción de trigo y el 100% de los cultivos de sorgo utilizan simientes certificadas por el instituto estatal.
Msellati mencionó que los recursos otorgados por el Banco Mundial al país para esta iniciativa se acabarán a fines de este año y que es necesario dar continuidad a las actividades realizadas hasta la fecha.
“Hay que pensar cómo van a perdurar los logros, qué va a pasar cuando se acabe el financiamiento de este organismo multilateral”, manifestó el gerente, quien luego destacó la predisposición del BM para seguir colaborando con el país en esta labor. Todavía falta fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación en el sector, apuntó.
Apuntes para tomar en cuenta
Vigencia. El proyecto de cinco años del Banco Mundial y las cooperaciones suiza y danesa para fortalecer al INIAF culmina esta gestión.
Reflexión. Msellati cree que no se puede pensar en un sector agrícola sin investigación, innovación y transferencia tecnológica.
Ejemplo. El éxito de la agricultura brasileña se debe a que su gobierno comenzó a invertir en estos aspectos desde los 70, indicó.
BM dará $us 110 millones más al sector
Los proyectos estatales Alianzas Rurales (PAR) e Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR) recibirán un financiamiento adicional de $us 110 millones del Banco Mundial (BM), pues ambos lograron mejorar las condiciones de vida de productores de áreas rurales pobres del país.
Así lo confirmó Laurent Msellati (foto), gerente del Sector Agrícola para América Latina de ese organismo multilateral. El representante recordó que PICAR, que enfoca su ayuda hacia comunidades en pobreza extrema, comenzó en 2012 con una inversión de $us 40 millones y ratificó que en los próximos meses recibirá un crédito adicional de $us 60 millones. “Hasta ahora, el PICAR ha beneficiado a 150.000 habitantes, lo que equivale a 35.000 familias. Eso ha sido posible a través de 800 subproyectos en 642 comunidades (que tienen condiciones de vida) más precarias”, explicó.
PAR, entretanto, tiene una cobertura mayor, pues está dirigido a pequeños agricultores que tienen capital, a quienes se les ayuda a mejorar sus condiciones de acceso a los mercados. “Al generar impactos positivos sobre el ingreso neto de los pequeños productores se produce un efecto eficaz sobre la reducción de la pobreza. Hay un impacto positivo y directo con la ampliación de las áreas cultivadas y también un efecto favorable, aunque no tan grande, en la generación de empleo”, resumió.
El PAR I recibió $us 59 millones, en tanto que el PAR II ejecutó $us 45,5 millones. A ese monto se prevé un incremento de $us 50 millones. PAR y PICAR son implementados por el estatal Programa Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario (Empoderar).
