El Consejo Nacional del Ministerio Público, órgano que supervisa a las fiscalías, suspendió la declaración ante la Justicia que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva tenía prevista para este miércoles (17 de febrero) por supuesto blanqueo de dinero.
El Ministerio Público aceptó la solicitud de darle más tiempo a Lula para declarar, hecha por el diputado Paulo Teixera, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
El legislador argumentó que el fiscal realizó un «juicio anticipado», al anunciar a la prensa que acusaría al expresidente y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, por lavado de dinero y ocultación de patrimonio sin haberlos todavía escuchado.
«Con ello, él demuestra que actuó sin el equilibrio requerido por la función de quien investiga, violando así la conducta requerida por un miembro del Minsiterio Público», criticó el parlamentar, en un comunicado difundido por el PT.
La Fiscalía quiere esclarecer si Lula es propietario de un apartamento en el edificios Solaris, situado en Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, el cual está registrado a nombre de la constructora OAS, implicada en el escándalo de la petrolera estatal Petrobras.
El edificio está en el centro de las investigaciones por la corrupción en Petrobras, ya que la policía sospecha que OAS distribuía pisos entre los políticos que amparaban los desvíos de la petrolera, como parte de las coimas.
El inmueble fue construido por la cooperativa sindical Bancoop vinculada al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que en 2009, tras pasar por una crisis financiera, lo vendió a la constructora OAS.
Uno de los apartamentos de esa propiedad estaba reservado por la familia de Lula y llegó a ser objeto de reformas encargadas a la empresa OAS, que al día de hoy figura como su propietaria legal.
Lula admitió que su esposa, Marisa Leticia, adquirió una participación con vistas a una posible adquisición, pero afirmó que desistió de ella y solicitó la devolución de la cuota entregada, aunque todavía no ha recibido la suma.
Paralelamente, el exjefe de Estado es también investigado por una finca campestre situada en Sao Paulo y que ha frecuentado en los últimos años, pero de la que niega ser propietario.
También por supuestas irregularidades y fraude en el dictado de decretos que, durante su gestión presidencial, otorgaron beneficios fiscales a empresas del sector automotor.
