En las masacres de Sacaba y Senkata de 2019, la entonces presidenta Jeanine Áñez tenía todo el control de las fuerzas de represión, además del decreto que validó las acciones de intervención. Con esos elementos fue sustentada la acusación formal.
La operación fue ejecutada por los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López, y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, “con la aquiescencia de Jeanine Áñez Chávez, quien tenía en ese momento pleno control de las fuerzas del orden y seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana”, dijo el lunes el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, al anunciar la acusación formal contra las cuatro exautoridades, además de otras 14 personas.
El fiscal describió la sucesión de los hechos, en los que, según las investigaciones que citó, se estableció la violación de “los principios de necesidad, proporcionalidad, discriminación y racionalidad establecidos a nivel nacional e internacional para el uso de la fuerza en los conflictos”.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció luego de paro convocado por el entonces líder cívico Luis Fernando Camacho, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de los mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Dos días después, Áñez se proclamó mandataria en actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni asistencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Sin haber seguido el hilo de sucesión constitucional”, Áñez experimentó el rechazo de la población movilizada, recordó el fiscal.
Para contrarrestar la situación, el 14 de noviembre promulgó el Decreto Supremo 4078, que libraba de toda responsabilidad penal posterior a los militares.
La tarde del 15 de noviembre, una multitudinaria columna de manifestantes, a convocatoria de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, fue interceptada en el puente Huayllani, en Sacaba. El saldo fatal de la represión militar y policial fue 10 fallecidos.
Cinco días después, el 19 de noviembre de 2019, otra represión mató a otras 10 personas en Senkata, El Alto. Entonces, la movilización impedía la salida de combustibles de la planta de la zona en protestas contra Áñez.
Eran “manifestantes civiles desarmados” y, al contrario, en los hechos “ningún funcionario policial y militar resulto herido y, mucho menos, llegó a perder la vida”, afirmó el fiscal Lanchipa en relación a las dos masacres.
En el caso de Senkata, “a la conclusión de esta operación se ejecutó 31 acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas y munición de guerra, y vehículos mecanizados y blindados, además de helicópteros, aviones caza”, informó.
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No solamente fueron desplazadas unidades militares de La Paz, sino también “personal militar profesional” de fuerzas de élite de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol) de Yacuida, Tarija; el Batallón de Satinadores Germán Busch, de Challapata, Oruro, y miembros el Grupo Especial F- 10 de las Fuerzas Armadas.
Según la comisión de fiscales del caso, la acusación se basa en 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación y la recepción de 126 entrevistas a miembros las Fuerzas Armadas, a 30 efectivos policiales, a 50 víctimas y a ocho a empleados de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Añez descalificó el proceso y reivindico un juicio de privilegio.
