La jueza Anticorrupción de La Paz en suplencia, Lía Cardozo, ordenó ayer el arresto domiciliario de Graciela G., y Lidia Q., dirigentes sindicales responsables de un proyecto financiado por el Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc) para el que se desembolsaron Bs 791.727,23.
Las dos mujeres, de la tercera edad, fueron aprehendidas el martes, luego de declarar ante el fiscal Gregorio Blanco, quien determinó enviar a las féminas ante una jueza cautelar.
Blanco informó que la jueza determinó la detención domiciliaria de las dirigentes sindicadas, además del arraigo y la presentación de dos garantes solventes. Mientras incumplan esos requisitos, deben permanecer en celdas judiciales de la ciudad de La Paz.
Ilegalidad. El fiscal explicó que la resolución que se les otorgó obedece a que Graciela G., y Lidia Q., son personas mayores de edad. Ambas eran responsables del proyecto “Mejoramiento productivo en el sistema de crianza de ganado en Charaña”, provincia Pacajes del departamento de La Paz. La primera era miembro de la comisión administrativa y la segunda, representante de la comisión de ejecución de la obra citada.
Según información del Fondo Indígena en Liquidación, el presunto daño al Estado es de Bs 791.727,23, monto que corresponde a un primer desembolso, de un total de Bs 942.469,11.
Iván Cernadas, abogado de las acusadas, anunció que solicitará la libertad pura y simple, ya que considera que sus clientes son inocentes y que en su momento presentaron sus descargos correspondientes ante el cerrado Fondo Indígena. Agregó que solo falta demostrar los documentos de respaldo de esa repartición. “Se presentó todas las facturas y papeles necesarios, además que la muestra es que existe la infraestructura de la obra y que no es fantasma como indicaban los fiscales, incluso se mostraron las fotografías de ese proyecto”, resaltó.
El caso Fondo Indígena estalló en febrero de 2015, luego de que la Contraloría halló 153 obras inconclusas o inexistentes que causaron un daño económico al Estado de Bs 71 millones. Por este hecho, el Gobierno intervino esa institución por seis meses, tiempo en el que detectó 30 “proyectos fantasma” valuados en Bs 14 millones, cifra que podría llegar a Bs 102 millones porque aún faltan inspeccionar otros trabajos. A un año del proceso, hay 29 personas encarceladas, entre ellas dirigentes nacionales ligadas al Movimiento Al Socialismo (MAS), como la exministra y representante sindical Julia Ramos y la presidenta del Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) Melva Hurtado. Además hay otros 2.400 investigados por el Ministerio Público, entre exdirectivos y dirigentes locales.
Entre los dirigentes procesados está el exjefe de la CIDOB Adolfo Chávez, quien fue declarado rebelde y sobre el que pesa una orden de aprehensión desde agosto de 2015.
El martes, Chávez confirmó que ingresó al país de forma clandestina y permaneció por al menos 11 días, desde el 23 de enero hasta el 5 de febrero.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que desconoce si Chávez entró al país, no obstante ordenó su investigación.
Habrá nuevas citaciones
Proceso
Según informes de la Fiscalía, la próxima semana se tiene programado al menos cinco declaraciones de dirigentes responsables de algunos proyectos de de-
sarrollo del Fondo Indígena.
