Las organizaciones sociales en El Alto expresaron su postura frente al hecho luctuoso ocurrido el miércoles en la Alcaldía central, en el que fallecieron seis personas, todas funcionarios ediles, y 26 resultaron heridas. El análisis sobre el hecho marcó mayor división.
Los representantes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), que tiene representaciones paralelas, y la Central Obrera Regional (COR) solo coincidieron en que se debe dar con los culpables y manifestaron sus condolencias a las familias dolientes.
Rolando Huanca, de la Fejuve, e Hilda Quispe, de los gremiales, a quienes se los acusa de ser simpatizantes de Unidad Nacional (UN), al que pertenece la alcaldesa Soledad Chapetón, sindicaron al dirigente de los comerciantes, Braulio Rocha, ahora detenido, de ser uno de los autores intelectuales del ataque a la municipalidad.
Por su parte, Franklin Machaca, de la Fejuve, y el secretario ejecutivo de la COR, Eliseo Suxo, a quienes se los señala de ser afines al partido de gobierno Movimiento Al Socialismo (MAS), coincidieron en culpar de los fallecidos y heridos a la Alcaldesa, por no atender las demandas de los padres de familia de los 14 distritos.
Obligados. Padres de familia, entrevistados en diferentes medios locales de El Alto, aseguraron que los dirigentes de las juntas escolares los obligaron a marchar bajo amenaza de sancionarlos económicamente o excluir a sus hijos de los colegios.
“Nos dicen que debemos ir de forma obligatoria y para poder controlar nuestra participación y asistencia nos entregan fichas bajo lista”, dijo una madre de familia frente al edificio municipal atacado el miércoles.
Los cinco padres de familia que denunciaron el hecho pidieron dejar en reserva sus nombres por temor a represalias; evitaron ser filmados o fotografiados y que se les grabe la voz.
Luis Limachi, representante de la Federación de Padres de Familia (Fedepaf), negó esas declaraciones y expresó que no se obliga a nadie a asistir a las marchas y menos a cometer actos de violencia y vandalismo.
Asimismo, acusó a Chapetón de realizar un “autoatentando”, en coincidencia con las declaraciones que realizó el miércoles el viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío.
“Esto no ha sido provocado por los padres de familia, nosotros convocamos a una marcha para pedir obras, pero la Alcaldesa nunca nos recibió; estamos de acuerdo en que algunos se exaltaron, pero por la falta de atención, luego todo se desbordó, pero eso debe ser investigado”, agregó.
Limachi se declaró en huelga de hambre en la clandestinidad y pidió a las autoridades garantías para él, su familia y sus compañeros (de los que no dio nombres ni cargos), que también asumieron similar postura.
Por otro lado, Rolando Huanca aseguró que se emitió un pronunciamiento en el que se determinó pedir al Fiscal General del Estado el esclarecimiento del atentado criminal contra seis ciudadanos, investigar la no asistencia de la Policía, exigir al Gobierno garantías para todas las instituciones públicas y privadas, y declarar persona no grata al viceministro Elío.
Reacción de la población
Pesar
Quince personas manifestaron su pesar y consternación a La Razón por los hechos sucedidos el miércoles en la Alcaldía; lamentaron las muertes y las
acciones violentas. Asimismo, este hecho provocó una reacción política.
El Concejo Municipal aprueba ley de duelo
Habrá tolerancia para funcionarios que quieran acompañar los sepelios
El Concejo edil de El Alto aprobó ayer la ley que declara duelo municipal por 30 días en la ciudad, sin suspensión de actividades; habrá tolerancia hoy para los funcionarios que decidan asistir al sepelio de los seis fallecidos.
“Se instruye izar la bandera a media asta y con rosones negros a las instituciones públicas y privadas”, informó el presidente del Concejo, Óscar Huanca.
La primera autoridad del Legislativo dijo que también se declaró mártires de la administración municipal a las seis personas que perdieron la vida: Ana María Apaza Alanoca, Javier Mollericona Quispe, Rodrigo Cortez Flores, Juan Laura, José Luis Condori y Ana María Quispe.
“Queremos anunciar que se declaró persona no grata al viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, y que se conformó una comisión que impulsará la investigación que dé con los autores de este hecho”, agregó.
La comisión está conformada por los concejales Sonia García (UN), Wilma Alanoca (MAS) y Javier Tarqui (Sol.bo).
