El 11 de enero de 2002 llegaron los primeros 20 detenidos a la base naval de Guantánamo, en un enclave que EEUU arrienda a Cuba a “perpetuidad” desde 1903.
Una semana después, el entonces presidente George W. Bush declaró que aquellos hombres no eran prisioneros de guerra, sino terroristas vinculados con los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que por tanto no les correspondía las protecciones estipuladas por las convenciones de Ginebra, que condenan la tortura y la detención sin proceso. Nacía así la cárcel más cuestionada de la última década, una prisión concebida para establecerse más allá de las leyes internacionales.
En 2009, después de tomar posesión de su cargo, Barack Obama condenó las técnicas de interrogación aprobadas por Bush como una herramienta estratégica en guerra contra el terrorismo, y firmó un decreto que ordenaba el cierre de Guantánamo en el plazo de un año; pero hasta ahora no ha logrado su cometido por la oposición del Congreso estadounidense, actualmente en manos del Partido Republicano. De todas maneras, en un último intento por cerrar un (vergonzoso) “capítulo” de la historia de EEUU, el Mandatario norteamericano acaba de enviar una ley al Congreso para tal efecto, que ojalá, por el bien del respeto hacia los derechos humanos, esta vez no caiga en saco roto.
