Apple pidió este jueves a un tribunal federal de Estados Unidos que desestime una orden judicial que exige a la empresa colaborar con el FBI en el desbloqueo de un iPhone, en un caso que ha reavivado un debate público sobre la encriptación de datos.
Una petición presentada en un tribunal de California en el caso que involucra a uno de los atacantes de San Bernardino afirma que la orden sobrepasa la facultad legal del gobierno y viola los derechos constitucionales de libertad de expresión de Apple.
Apple inició la semana pasada una batalla judicial y de relaciones públicas contra las autoridades estadounidenses por este caso, que se dirime en particular por la matanza en la localidad de San Bernardino (California, oeste), que dejó en diciembre 14 muertos.
El gobierno había conseguido una orden judicial para exigir a la empresa que desbloquee para el FBI el iPhone de Syed Farook, uno de los autores del atentado.
«No es un caso que concierne a un iPhone aislado. Este asunto concierne sobre todo al Departamento de Justicia y al FBI, que buscan obtener a través de la justicia un peligroso poder que el Congreso y el pueblo estadounidense les han negado: la capacidad de obligar a empresas como Apple a traicionar intereses fundamentales en materia de seguridad y protección de la privacidad de centenares de millones de individuos en todo el mundo», afirma Apple en el documento que presentó ante la Justicia.
«Ningún tribunal ha autorizado jamás esto que el gobierno ahora pide, ninguna ley apoya un uso tan ilimitado y amplio en el proceso judicial y la Constitución lo prohíbe», insiste.
El jefe de Apple, Tim Cook, defendió su postura el miércoles, en una entrevista con la cadena televisiva ABC News, afirmando que desbloquear el iPhone sería «malo para Estados Unidos».
«La protección de los datos de la gente es increíblemente importante, y la compensación aquí es que sabemos que haciendo eso podríamos exponer a la gente a una increíble vulnerabilidad», señaló.
Apple ha recibido en esta causa el apoyo de varios dirigentes del sector tecnológico y numerosos defensores de las libertades civiles, que temen que el pedido del FBI culmine en una vigilancia desenfrenada en Estados Unidos.
