Los padres de nacionalidad marroquí que entregaron en España a su hija a un vecino, que durante seis meses la mantuvo secuestrada y maltratada en Bolivia, aceptaron una pena de dos años de cárcel.
La pareja no ingresará en prisión si indemniza con 20.000 euros (unos 22.000 dólares) a la niña, de origen marroquí, y no delinquen durante este tiempo.
Así consta en el acuerdo de conformidad alcanzado entre los padres y la fiscalía, que inicialmente pedía para ellos 2 años y 9 meses de cárcel, y que fue ratificado en una sentencia emitida por un juzgado de Barcelona.
En la sentencia, los padres reconocen que, llevados por un «afán lucrativo», en junio de 2013 acordaron con un vecino, de nombre Grover Morales, que se llevaría a su hija mayor, que entonces tenía 9 años, a su país de origen, pagando éste todos los gastos del viaje.
Pese a que los padres no confiaban en el vecino, ya que no permitían que la niña se quedara a solas con él, aceptaron que se la llevara a Bolivia, «incumpliendo así gravemente los deberes de protección que como padres les incumbían», «Privaron a la niña de la necesaria asistencia moral y material, al quedar, en contra de su voluntad, a expensas de una persona ajena al circuito familiar que no ofrecía garantía alguna de cuidar debidamente de la menor», según la sentencia.
Los padres firmaron ante notario una autorización para que el vecino se llevara a su hija a Bolivia, aunque no concretaron ni la fecha de ida ni la de regreso.
Antes de entregar su hija a Grover Morales, los padres no vacunaron a la niña ni adoptaron ningún tipo de precaución médica, ni tampoco mostraron interés en asegurar la comunicación con la menor, que no disponía de teléfono móvil.
Tras salir de Barcelona el 28 de agosto de 2013, Grover Morales llamó a la familia desde Bolivia para advertir que había perdido la documentación de ambos y cortó todo tipo de comunicación, ante lo que los padres finalmente optaron por denunciar la desaparición de la niña a la Policía.
En Bolivia, donde Grover Morales contó con la cobertura logística y económica de su madre, la chica sufrió maltrato en la selva, por la que estuvo varias jornadas seguidas andando huyendo de la presión de la Policía local.
Grover Morales, que fue condenado a diecisiete años de cárcel en su país por este caso, agredió a la niña físicamente en reiteradas ocasiones, golpeándola con un cinturón o con un palo, tirándole del pelo si no cumplía las labores domésticas que le ordenaba y abusando de la chica, a la que también forzó a trabajar en explotaciones cocaleras y a fabricar y vender zumos en mercados locales.
La chica fue liberada el 8 de marzo de 2014, tras más de seis meses de cautiverio, en una operación policial en plena selva, llevada a cabo por agentes españoles y bolivianos.
Tras el rescate de la niña, la Policía española centró sus sospechas en los padres, al no dar credibilidad a su versión de que querían que la niña hiciera turismo y se fuera de vacaciones aprovechando que Grover Morales tenía que viajar a su país a visitar a su madre.
Desde el 14 de marzo de 2014, la niña se encuentra en un centro de acogida público.
La niña sufre actualmente a nivel psicológico una leve sintomatología postraumática, ligada a los hechos, si bien no se descarta que en el futuro aparezca una mayor afectación.
Además, también sufre un significativo malestar psicológico por la ruptura y pérdida del núcleo familiar de referencia.
