Los fondos «buitre» ganaron la apuesta con Argentina, pero esta victoria será difícil de replicar en los mercados de la deuda soberana, ya que esta larga guerrilla judicial dejó algunas lecciones.
Aprovechar de un «defaut» para comprar bonos a precio de remate, rechazar las condiciones de la reestructuración y después exigir un pago mayor al precio desembolsado es la estrategia adoptada desde hace muchos años por algunos inversores.
Tras una larga batalla judicial con Argentina, los fondos especulativos deberían cobrar 6.500 millones de dólares, luego de aceptar una quita de 25%, mientras que otros acreedores tuvieron que resignarse a recortes del 70% en sus negociaciones de 2005 y 2010.
Pero la pregunta es si esta técnica, utilizada por el multimillonario Paul Singer, que controla uno de los fondos victoriosos en el caso contra Argentina podrá establecer jurisprudencia en el mercado de bonos estatales.
No necesariamente, y las posibilidades cada vez menguan más, ya que los países emergentes han escarmentado por las lecciones que dejó este largo episodio y comenzaron a blindar sus emisiones de deuda.
«El caso argentino es un caso particular y su resolución será muy difícil de extrapolar a otros países emergentes», estimó René Defossez, especialista en mercados de obligaciones de la firma Natixis.
Para él, la prueba es que tras el anuncio del acuerdo, «no se registraron inquietudes sobre los rendimientos de los bonos de Argentina, pero tampoco de los Brasil o Venezuela».
¿CAC o no CAC ?
«Del caso argentino se extrajeron importantes lecciones y se debería prestar una mayor atención a los términos y las cláusulas de los contratos de emisión de deuda para proteger tanto a los acreedores como a los emisores», destacó Alexandra Wentzinger, economista de BNP Paribas.
Por ejemplo México, comenzó a emitir en noviembre de 2014 títulos de deuda que incluyen Claúsulas de Acción Colectiva (CAC), para evitar que una minoría de acreedores puedan bloquear un acuerdo de reestructuración.
Una iniciativa celebrada por el FMI que alentó a «otros países a hacer lo mismo». La ONU también instó a finales de 2014 a que se articule «un marco jurídico aplicable a las operaciones de reestructuración de deuda soberana».
Pero «el modelo institucional no fue concluido porque es muy difícil obligar a un Estado soberano a aplicar las decisiones de una institución supranacional», destacó Christophe Destais, economista y subdirector del Centro de Estudios Prospectivos y de Información Internacional (CEPII).
El plan de rescate de Grecia también llevó a la zona euro a que se imponga este sistema para las emisiones de deuda de los países de la región. Sin embargo, imponer esta clausula sigue siendo responsabilidad del Estado emisor.
Fuera de la zona euro y de algunas operaciones en China, el FMI estimó en septiembre que de las 73 emisiones de deuda soberana realizadas entre octubre de 2014 y julio de 2015, 42 incluían CAC, es decir un 60% del total.
Sigue habiendo brechas en relación a la deuda ya emitida por países con una mala reputación financiera como Venezuela y «tampoco hay que subestimar la complejidad técnica de los CAC, de la cual podrían beneficiarse fondos buitre», advierte Destais.
Para Charles Blitzer, excolaborador del FMI, en este momento «hay mucho tiempo para analizar este acuerdo y adoptar las mejores prácticas para lograr una reestructuración» de la deuda.
