El Tribunal Supremo Electoral (TSE) instaló ante el Ministerio Público una denuncia penal y la solicitud de una investigación en contra de las personas que ofrecieron a la venta, en internet, certificados de impedimento de sufragio del referéndum constitucional del 21 de febrero. Las indagaciones del caso se sustentan en la posible comisión de los delitos penales de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
“Hemos conocido, a través de Facebook, dos avisos en los se ofrecían certificados de impedimento que solamente los tribunales departamentales pueden entregarlos y son gratuitos. Por eso, la dirección jurídica puso en conocimiento de la Fiscalía este hecho porque constituye un delito electoral”, indicó a La Razón, el vocal José Luis Exeni.
Este documento reemplaza al certificado de sufragio del referéndum del domingo 21 de febrero. Tanto el certificado de sufragio como el documento de impedimento tienen un valor imprescindible para los bolivianos residentes en el país para la realización de trámites bancarios y otros.
Los electores habilitados que por algún motivo no votaron en la consulta ciudadana, aún pueden tramitar este respaldo hasta el 22 de marzo, según el calendario electoral vigente.
Exeni precisó que aún no se logró identificar a los responsables o autores materiales del ilícito “pero se han mandado imágenes de estos dos avisos” para sustentar la investigación.
“Se ha instruido a cada uno de los tribunales que las instancias responsables de entregar estos certificados tengan máxima seguridad y máxima precaución para evitar cualquier tipo de hechos que estén vinculados con estos anuncios”, añadió.
Son cinco las causales por las que un elector puede justificar su ausencia a las urnas: En caso de fuerza mayor, accidente, viaje, cambio de destino (para policías y militares) o cambio de domicilio.
